Los ministros de Justicia de la UE lo admiten: los ciudadanos no entienden el lenguaje jurídico

Símbolo de la Unión Europea.
Símbolo de la Unión Europea.

Los ministros de Justicia de la Unión Europea se han reunido de manera informal dentro del programa de la Presidencia española del Consejo de la UE.

La necesidad de transformar el lenguaje jurídico para que sea más claro y comprensible para los ciudadanos, ya que los que verdaderamente lo entienden son los menos, ha sido uno de los puntos principales que han abordado. Además de plantear la necesidad de adaptarlo a la diversidad de las sociedades europeas.

Otro de los puntos que han tratado ha sido la accesibilidad a la Justicia, sobre todo por parte de las personas con discapacidad. La gran mayoría han coincidido en que deben trabajar para garantizar la eliminación de las barreras que impiden participar a dicha población en la administración de Justicia en igualdad de condiciones.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, también se ha referido a la accesibilidad en relación a la digitalización: "La Justicia europea tiene que poner a las personas en el centro y para ello ha de asegurar que las nuevas tecnologías no son un factor de exclusión sino un motor de acercamiento" .

La explotación de menores, la violencia contra las mujeres o el terrorismo también ha estado presente. "El espacio de libertad, seguridad y Justicia estaría incompleto si, aunque se persiguiera y castigara el delito, no se protegiera adecuadamente a las víctimas y no se les facilitaran los medios para restablecer sus derechos", ha explicado la ministra a sus homólogos europeos.

La última sesión ha tratado sobre la elaboración de una estrategia común en la lucha contra el crimen organizado, centrados en la necesidad de agotar sus vías de financiación. Para ello han propuesto una política común en el decomiso de criptoactivos, una fuente de financiación creciente entre las bandas delictivas que operan en Europa.

Del mismo modo, han destacado la importancia de aumentar la cooperación entre los agentes implicados en la lucha contra el crimen organizado, especialmente con las entidades privadas, cuya perspectiva puede aportar un valor añadido, ya que hay ciertos sectores especialmente utilizados por el crimen organizado para la ejecución de su actividad.

 

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