Nace una asociación para defender los intereses de funcionarios y opositores asesorada por Administrativando Abogados
Recientemente se ha aprobado la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Y las reacciones a la misma no se han hecho esperar.
Una de ellas ha sido la pionera constitución de una Asociación que aboga por la defensa del turno libre, esto es, por el escrupuloso respecto en los procesos selectivos en la administración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
La Asociación Defensa Turno Libre nace de la unión de opositores, personal laboral opositor, funcionarios interinos opositores y funcionarios de carrera, bajo la asistencia letrada de Antonio Benítez Ostos, Socio director de Administrativando Abogados y Alonso Ramón Díaz, funcionario en excedencia y Of counsel de la misma.
Juntos, y como estipulan sus Estatutos, tendrán entre sus fines:
-Defender los derechos al acceso a la función pública por el turno libre, y en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, de los aspirantes u opositores a cualquier Administración pública.
-Defender los derechos de los funcionarios públicos de carrera y personal laboral fijo relativos a los concursos de traslados y la promoción interna en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
-Defender también los derechos del personal interino, siempre que el proceso selectivo no implique la fijeza en la plaza sin haber superado una Convocatoria de Oferta de Empleo Público por el turno libre, o que no haya superado todos los exámenes y cortes necesarios para obtener nombramiento como funcionario de carrera.
-Cualquier otro que fomente la calidad e igualdad en el acceso a la Función Pública.
Como proclaman sus asociados, es una realidad insoslayable el arduo sacrificio de la oposición, personas que sacrifican familia, amigos, tiempo libre, por acceder a una plaza en la administración pública. Sacrificio que se hace por la seguridad de que el mérito y la capacidad marcarán la diferencia y asegurarán la entrada de los mejores.
Frente a ello, la puerta de la entrada “por atrás” a la administración de todo el personal temporal que lleva más de cinco años trabajando. El problema de la temporalidad es evidente, así como la necesidad de poner solución y coto a esta cuestión.
Juntos ha de buscarse y encontrar la solución más justa y equilibrada, defienden los miembros de la Asociación. Una funcionarización generalizada supone un agravio comparativo y claro perjuicio a los que actualmente son funcionarios o están preparándose para ello.
En ningún caso, esa solución al problema de la temporalidad puede pasar por el detrimento de los derechos de cualquier ciudadano que quiera acceder en condiciones de igualdad a un empleo público. Porque está en juego no solo el mérito y la capacidad de los que acceden, también la calidad y profesionalidad de los servicios públicos que la administración ofrece.
La asociación se prepara para impugnar todos y cada uno de los actos administrativos que vayan dictándose en aplicación de la Ley en defensa del mérito y la capacidad. La batalla en los Tribunales será ardua.
