La primera nulidad de las condenas por los ERE de Andalucía

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado este martes la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el denominado 'caso ERE'.

Así lo confirman fuentes de la Corte de Garantías que precisan que la decisión no ha sido adoptada por unanimidad, toda vez que ha contado con el voto en contra de los cuatro magistrados del ala conservadora y se ha aprobado por 7 a 4.

La postura de la magistrada ponente en este asunto, Inmaculada Montalbán, coincide con el criterio de la Fiscalía, que a principios de año informó al Tribunal Constitucional de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación "en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos" de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.

Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa.

El Constitucional ha abordado el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional porque plantea "un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales", según una nota informativa del tribunal.