Por qué los procuradores recurren a Legálitas para la gestión de los impagos
El Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) firmó el lunes un acuerdo con Legálitas la gestión del cobro de minutas de los colegiados.
Este servicio, que será de adscripción voluntaria, tiene su origen en la situación que están viviendo los procuradores de la Comunidad.
Los pagos se regulan mediante la llamada jura de cuentas, un procedimiento jurisdiccional para la reclamación de los honorarios que los procuradores evitan por el aumento de trabajo que les supone.
Por tanto, han preferido buscar una solución alternativa, que ha cristalizado en el acuerdo con Legálitas.
La cantidad que reciben los procuradores está establecida en el Real Decreto 1373/2003 del 7 de noviembre aprobado por el Ministerio de Justicia. Dichas cantidades, que varían según el tipo de servicio que se ofrece, no se han incrementado desde entonces, casi 16 años después.
Además, el Real Decreto-Ley 5/2010 de 31 de marzo limitó los derechos de los procuradores a un máximo de 300.000 euros.
Aproximadamente, por procesos penales que pueden llevar más de un año de trabajo, perciben entre 100 y 120 euros; por hacer, dar o entregar bienes, entre 18,57 a 33,44 euros; por actos de conciliación unos 22 euros.
En el acuerdo pactado con Legálitas está establecido que el bufete sólo recibirá retribución del 12 % en los supuestos de éxito, además de que, cuando las partes lo deseen, podrán acudir a una mediación ante el ICPM o llevar el caso a una reclamación judicial.
Sin embargo, esta vía no ha agradado a parte de la procura, que prefiere iniciar procedimientos judiciales.
