Todavía no se ha creado una autoridad estatal que proteja a los denunciantes de corrupción
Se ha cumplido un año desde la entrada en vigor de la ley de protección para los denunciantes de corrupción, en la que se preveía la creación de una autoridad independiente y estatal que velara por la seguridad de estas personas. Sin embargo, esta medida no se ha producido, como ha denunciado la Fundación Hay Derecho en un comunicado, y deja a las personas “en una especie de limbo”.
“Quienes informan de corrupción, que a menudo se enfrentan a represalias graves por actuar en favor del interés público, carecen de una autoridad de protección y asesoramiento, excepto en las pocas comunidades autónomas donde se estableció con carácter previo por medio de una ley autonómica”, expresa la Fundación.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I) -anunciada en la Ley 2/2023, de 20 de febrero de protección a quienes informan de corrupción-, daba respuesta a una directiva europea.
Sin la creación de esta institución se pueden dar “situaciones paradójicas”, según apunta Hay Derecho, como aquellas en las que individuos denuncian casos de corrupción a través de canales internos (ya sea en empresas privadas o entidades públicas), pero queden desprotegidos frente a posibles represalias debido a la ausencia de una autoridad estatal competente para brindarles amparo.
