Dos absueltos de la operación Troika se habían conformado con las penas solicitadas por la Fiscalía
La Audiencia Nacional les considera inocentes porque no se ha demostrado su relación con las mafias rusas Tambovskaya y Malishevskaya
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los 17 acusados del caso Troika por considerar que no se puede demostrar su relación con las mafias rusas Tambovskaya y Malishevskaya por falta de pruebas. La Fiscalía anticorrupción solicitaba hasta cinco años de cárcel por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Puede leer la sentencia aquí.
“Por muy raras, antieconómicas o poco convencionales que sea las operaciones comerciales o mercantiles en que invirtieron los encausados, si no se prueba la procedencia de una actividad delictiva de los bienes adquiridos, convertidos, transmitidos, ocultados o encubiertos, no hay delito de blanqueo de capitales”, ha explicado la Sala.
Diez años de investigación
El caso se remonta a 2008, cuando el entonces juez Baltasar Garzón ordenó una operación conjunta con la Fiscalía anticorrupción para desmantelar una red de corrupción establecida desde los 90 en Marbella y en otras localidades de la Costa del Sol y estrechamente relacionada con la mafia rusa.
El principal investigado era el ruso Gennadios Petrov, huido desde 2012, cuando se fugó gracias a un permiso penitenciario y declarado en rebeldía por el tribunal junto con otros catorce imputados en el caso. Según el Ministerio Público, Petrov tenía influencia en “los estamentos del Estado de su país”, Rusia: en concreto, en cinco ministros, dos fiscales y un diputado.
Dos acusados, dispuestos a ir a la cárcel
Según ha podido saber Confidencial Judicial, al menos dos de los acusados se habían mostrado conformes con las penas solicitadas por la Fiscalía; es decir, reconocieron los hechos y los delitos de los que se les acusaban.
Pese a ello, la Sala ha decidido aplicar el mismo criterio para los 17 implicados. Se trata de siete rusos, cinco españoles, dos ucranianos, un alemán, una estonia y una letona. Habían creado hasta 19 empresas que la Fiscalía señalaba como parte del entramado mafioso ruso en España.
Según ha sabido ECJ, el Ministerio Público estudia recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Cabe recordar que uno de los fiscales fue amenazado de muerte por el entorno de los acusados y que presentó el texto que le enviaron como prueba ante el tribunal.
