La Audiencia Nacional absuelve a Iberdrola y a cuatro directivos de subir el precio de la electricidad en 2013

Torre Iberdrola.
Torre Iberdrola.
  1. Iberdrola puso toda la energía hidroeléctrica de que disponía
  2. Precio excesivo e injustificado, según las acusaciones
  3. Supuesta represalia contra el gobierno
Audiencia Nacional.
Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional ha absuelto a Iberdrola y a cuatro de sus directivos acusados de incrementar los precios de la energía entre los días 30 de noviembre y 23 de diciembre de 2013, ambos inclusive, en el mercado diario para la compraventa de electricidad Spot. 

En una sentencia a la que ha tenido acceso Confidencial Judicial, el Juzgado Central de Penal ha exonerado a los acusados Angel Jesus Chiarri, Gregorio Relaño, Jose Luis Rapun y Javier Paradinas Zorrilla de un delito relativo al mercado y a los consumidores para quienes la Fiscalía pedía dos años de prisión y 144.00 euros de multa para cada uno. 

El Ministerio Público también exigía que los cuatro directivos indemnizaran en concepto de responsabilidad civil a las comercializadoras de energía eléctrica relacionadas con el caso y a las personas y empresas que hubieran acreditado verse afectadas por la supuesta manipulación con 107.340.000 euros.

Iberdrola puso toda la energía hidroeléctrica de que disponía

Según el magistrado de la Audiencia Nacional, los acusados dirigían el Departamento de Gestión de la Energía de la empresa y “gozaba de autonomía en la toma de las decisiones que afectaban a la competencia del departamento”. Tenían competencias para aprobar los estudios y las propuestas de los trader -técnicos que fijaban las ofertas que sacaba al mercado Iberdrola- y fueron estos directivos los que aprobaron las ofertas de energía eléctrica procedentes de sus centrales hidroeléctricas de los ríos Duero, Sil y Tajo.

Estas competencias, además,  no estaban sujetas al “control del consejero delegado, del jefe del Departamento de Negociado Liberalizado del que orgánicamente dependía, o del Consejo de Administración, a los que no daba cuenta de su actuar".

Tanto la Fiscalía como las demás acusaciones, ejercidas por Geotlander y Facua, sostienen que los directivos detrajeron del mercado de energía hidráulica entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. No obstante, el juez del alto tribunal da la razón a las defensas de los encausados, que siempre mantuvieron que esa alteración se produjo por el propio sistema de oferta de energía y que no urdieron tal plan. 

 “A este respecto ha quedado plenamente probado en juicio que Iberdrola puso en el mercado, en las fechas analizadas, toda la energía hidroeléctrica de que disponía”, concluye la sentencia.

Precio excesivo e injustificado, según las acusaciones

El juez recuerda que "las propias acusaciones en sus escritos de conclusiones no niegan dicho extremo" y fundan la comisión del delito "exclusivamente en el precio en que esta compañía ofertó en el mercado la energía hidráulica que producía, que entienden era excesivo e injustificado, lo que motivo que no se casara" en el mercado y diera lugar a un alza de los precios de la energía eléctrica al hacer entrar en funcionamiento los ciclos combinados.

Para el juez, ésta es una "interpretación extensiva del tipo que no se revela congruente con los principios de intervención mínima y de legalidad que regulan el derecho penal". Y recuerda que "la energía hidroeléctrica es y era al tiempo de los hechos enjuiciados de libre mercado".

 

De hecho, durante el juicio intervinieron varios peritos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que pusieron de manifiesto que “otras compañías energéticas también ofertaron en esas fechas la energía hidroeléctrica por encima de los 80 euros el megavatio hora”.

Supuesta represalia contra el gobierno

El juez de la Audiencia Nacional señala que las acusaciones “parecen pretender fundar, sin decirlo expresamente”, que los trader de Iberdrola habían recibido una supuesta orden de los superiores del departamento para incrementar los precios como represalia a que el gobierno retirase de los Presupuestos General del Estado para el 2014 una partida 3.600 millones de euros a la que se había comprometido el gobierno para paliar el déficit eléctrico de las compañías eléctricas en el año 2013. 

No obstante, estos trader lo negaron durante el juicio y no ha quedado acreditado tampoco que las ofertas de Iberdrola correspondiera a este hecho.

“Al contrario, de las declaraciones que en el plenario vierten los entonces Ministro de Industria y Secretario de Estado del mismo Ministerio, dejan patente que existieron tensiones por dicho hecho pero que no fueron mayores que otras que habitualmente mantenían con las energéticas”, recoge el dictamen.

La sentencia absolutoria ha dejado sin efecto los embargos y las demás medidas cautelares acordadas para los ahora exonerados, pero todavía puede presentarse un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

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