Sentencias

El juez abre una diligencia aparte del caso ERE

Hay nueve investigados por las ayudas concedidas en los años 2006 y 2007 a Cespa y FCC

Juzgados de Sevilla.
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El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar la causa abierta contra nueve personas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE). El magistrado ha querido investigar “la presunta ilicitud” de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta a las entidades Cespa y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) entre los años 2006 y 2007. 

Según el juez, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, por lo que ha trasladado la causa a la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de abrir juicio oral en los próximos días. 

Los investigados incluyen el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada, y una representante del sindicato CCOO  en Andalucía. El instructor ha excluido al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, siguiendo el criterio de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, ya que “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente-” en los hechos investigados. 

El auto, fechado el día 30 de octubre, refleja que las ayudas investigadas en esta pieza separada, “se instrumentaron mediante la suscripción de pólizas de seguros, cuyo asegurado normalmente habría de ser una persona física y el beneficiario la empresa subvencionada”, a través del llamado sistema de “pagos cruzados”. Por este sistema, los fondos asignados inicialmente a la cobertura de una póliza concreta se aplican después por la Administración pública al pago de otra póliza distinta de la misma empresa o de una empresa diferente, e incluso de otra aseguradora distinta. 

En este punto, el magistrado subraya que las subvenciones concedidas a través “del irregular sistema de pagos cruzados” presentan la particularidad de que su materialización habría de resultar “especialmente opaca”. 

Así, “solo puede detectarse en el análisis concreto de cada expediente, como es el caso”, para comprobar “si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que las empresas Cespa y FCC no tuvieran capacidad económica para hacer frente a los compromisos asumidos” por el director general de Trabajo. 

El juez ha considerado que los investigados, “conocedores de que la Consejería de Empleo podía otorgar subvenciones a Cespa y FCC al margen de la legalidad vigente, consiguieron que el director general de Trabajo concediera” las ayudas investigadas. Por lo tanto, “participaron directamente en el mecanismo arbitrario y defraudatorio de concesión de las ayudas, resultando conocedores de que se había prescindido de los principios y del procedimiento legalmente procedentes”.

 
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