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La Abogacía pide a Hacienda una rebaja del IVA para sus servicios ante el previsible aumento de litigios por la covid-19

Reclama que los particulares no sigan asumiendo el 21 por ciento de IVA por acudir a los tribunales

Reclama que los particulares no sigan asumiendo el 21 por ciento de IVA por acudir a los tribunales

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Consejo General de la Abogacía Española ha solicitado al Ministerio de Hacienda una reducción del IVA para los servicios jurídicos de dirección y defensa en toda clase de procesos judiciales, mediación y arbitraje ante la previsible avalancha de procedimientos derivados de la pandemia del coronavirus.

Se trata de una demanda que ha venido fraguando en el seno de laAbogacía durante los últimos meses para que los particulares no sigan cargando con el coste del IVA en este tipo de servicios, pues "supone un importante agravio frente a las empresas,*que siempre han podido amortiguarlo en su contabilidad", explica la Abogacía en un comunicado.

Señala que esta medida iría en la línea con la recomendación efectuada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que expone, en un informe que se ha hecho público este mes de julio, que los tipos reducidos del IVA deben dirigirse y tener como objetivo "facilitar el acceso a bienes y servicios de primeranecesidad, sociales, culturales o estratégicos".

AYUDA A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS

La Abogacía considera que esta medida beneficiará a los colectivos más desfavorecidos, pues, según advierte, el incremento de número de litigios como consecuencia de la crisis sanitaria incidirá especialmente en ellos. Explica que si no se reduce este impuesto, tendrán que seguir asumiendo, "en situaciones de especial dificultad económica", el 21 por ciento de IVA al acudir a los tribunales para defender sus derechos.

La Abogacía señala que la bajada se situaría en el marco de las modificaciones que a nivel europeo se están estudiando en la Directiva del IVA, que permitiría trasladar la aplicación de los tipos reducidos de aquellas actividades o adquisición de bienes que son consumidas o adquiridas por las rentas más altas hacia aquellas otras de primera necesidad o que los ciudadanos están obligados o compelidos a tener que utilizar, como es la tutela judicial.

Añade que los requisitos que la Unión Europea exige para que un servicio pueda verse beneficiado por estos tipos reducidos son que respondan al "interés general" y que la reducción se traslade alconsumidor final. "Así sucede en la Abogacía, donde la creciente competencia entre los profesionales se ha traducido hasta ahora en un progresivo descenso de los precios", concluye.

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