Hasta 60.000 independentistas piden al Gobierno que no pague la defensa de Llarena
Exigen a Pedro Sánchez que el instructor del 1-O se costee un abogado belga en su pleito contra Puigdemont y los ex consellers
El juez Llarena no va a tener fácil regresar con total tranquilidad a Cataluña en mucho tiempo. No sólo por los escraches y acosos protagonizados por los CDR desde que ordenó el encarcelamiento de los ex consellers, sino por miles de independentistas que le consideran persona non grata en aquella tierra.
Por ejemplo, hasta 60.000 personas han firmado una petición para que el Gobierno no pague la defensa del magistrado en el pleito que tiene pendiente en Bélgica y en el que parte contraria es Carles Puigdemont.
Según ha sabido Confidencial Judicial, los firmantes ya han enviado la petición a La Moncloa y esperan una respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Le exigen que revoque la decisión del Ministerio de Justicia de asignar un abogado a Llarena para el procedimiento judicial en Bélgica.
De esta manera, también piden que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se desdiga y retire su apoyo al magistrado, que a su vez solicitó amparo ante la arbitraria demanda civil que le interpuso Puigdemont en su contra.
Objetivo: apartar a Llarena
El ex president acusa a Llarena de “actuar sin imparcialidad y movido por motivaciones (sic) políticas”. Considera que no está siendo perseguido por la Justicia, sino por “la ideología del juez” y lo justifica con unas declaraciones que hizo el magistrado en febrero a los medios de comunicación y en las que afirmaba que los ex consellers “no son presos políticos”. Según Puigdemont, “prejuzgó”.
La admisión a trámite de la demanda hace peligras la permanencia de Llarena como instructor de la citada causa, ya que la ley orgánica del poder judicial establece que un juez puede ser recusado si está personado en un procedimiento aún abierto con una de las partes.
Puigdemont reclama a Llarena el pago de un euro como indemnización simbólica por los daños causados. La vista está fijada para el próximo 4 de septiembre y en ella el juez belga decidirá si sigue adelante con el procedimiento o lo archiva.
