Los abogados se rebelan contra el reglamento de protección de datos aprobado en el Senado
Están advirtiendo a los partidos de que creará problemas de acoso y vulneración del derecho a la intimidad de los ciudadanos
Según ha podido saber Confidencial Judicial, varios despachos de abogados están advirtiendo a los partidos con representación en el Congreso y el Senado de los “peligros” de la nueva ley orgánica de protección de datos.
Fue aprobada el miércoles en el Senado por 220 votos a favor y sólo 21 en contra, los de Podemos. El partido morado apoyó en un principio la norma, pero en el último momento cambió de postura e incluso amenazó con interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley.
El principal impulsor ha sido el PSOE y en concreto Artemi Rallo. Los argumentos que han utilizado para defenderla es que esta ley defenderá a los ciudadanos de fugas masivas de datos como la que tuvo lugar en 2016 en el instituto británico Cambridge Analytica.
Sin embargo, las fuentes consultadas por ECJ aseguran que ya hay bufetes de abogados preparando recursos tanto de amparo como de inconstitucionalidad para que el TC frene los artículos más polémicos de la ley.
Se refieren sobre todo a aquellos que permiten diseñar perfiles de los usuarios basándose en las búsquedas que hacen en Internet y en sus cuentas en distintas redes sociales con el fin de enviarles mensajes políticos personalizados a sus cuentas de correo electrónico e incluso a aplicaciones de mensajería móvil.
“Supone una vulneración flagrante del derecho a la intimidad”, aseguran estas fuentes. Añaden que los partidos con los que se han puesto en contacto les han enviado mensajes “tranquilizadores”, pero lo que han conseguido, en su opinión, “es inquietarnos aún más, ya que demuestran que no son conscientes de la gravedad de lo que han votado”.
Su objetivo es frenar la votación de la polémica ley en el Congreso, pero se muestran pesimistas. “Para los partidos, es una golosina, pero nos va a crear infinidad de problemas de acoso en el futuro”, entre otros, explican. Por eso, estos letrados están estudiando “cada coma” de la ley para tumbarla “lo antes posible” en el Tribunal Constitucional.
