La Audiencia Nacional compensa los retrasos de la Justicia en un proceso de divorcio

La Audiencia Nacional ha concedido una indemnización de 50.000 euros a unos abuelos y de 42.000 euros a un padre que se vieron privados de ver a sus hijas, como consecuencia de que el juzgado no ejecutase la sentencia en la que acordó poder visitar a las menores. 

Los padres de las menores iniciaron un proceso de divorcio en el año 2007. La madre presentó una querella contra el padre por supuestos abusos sexuales a una de las menores. Como consecuencia, se decretó que el padre se mantuviera alejado de las niñas, que vivirían con la madre. 

La Audiencia Nacional estimó que la Administración de Justicia había incurrido en una extraordinaria lentitud a la hora de dirigir las investigaciones sobre la denuncia contra el padre, investigación que tardó en cerrarse 4 años y en materializarse en sentencia más de seis. El caso se cerró con la absolución del acusado en 2013 y una indemnización al padre de las menores con 52.000 euros más intereses, al ser privado también de su derecho a ver a sus hijas durante el tiempo que tardó el procedimiento en resolverse. 

En 2015, se acordó la reanudación progresiva del contacto de las menores con sus padres. Pero para entonces, a pesar del interés del padre por mantener el contacto con las hijas, éstas no quisieron mantener relación con su padre. De esto, la Audiencia responsabiliza al Ministerio de Justicia a pagar una indemnización de 42.000 euros. 

Doce años sin ver a sus nietas

En medio de toda la pelea en tribunales, los abuelos exigían ver a sus nietas. Pero la madre se negó a que se acercasen a las niñas y frustraba cualquier intento de acercamiento entre ambos. El juez decidió que, con independencia del conflicto de los padres, los abuelos tenían derecho a visitar a las nietas, al menos, una vez a la semana. A pesar de la orden judicial imperativa, y de los numerosos escritos presentados por los abuelos al juzgado, la orden judicial nunca se materializó. 

La sentencia de la Audiencia Nacional admite que la Administración de Justicia no funcionó como era debido, haciéndola responsable de que los abuelos fuesen privados del derecho a disfrutar de sus nietas desde 2007 hasta la fecha. Las nietas tienen ya 18 y 16 años y los abuelos no han vuelto a verlas desde el inicio del conflicto.  

Así, la Audiencia eleva la cuantía de la indemnización reconocida por el Ministerio de Justicia, que admitió en marzo de este año que cada abuelo debía ser indemnizado con 10.000 euros por la pasividad del juzgado a la hora de actuar. El tribunal considera dicha indemnización insuficiente y eleva ahora su cuantía a 25.000 euros para cada uno, en vista de la "deficiente" reacción del juzgado.