El colegio de abogados de Madrid lleva a Carmena a los tribunales por la privatización del turno de oficio

Ha pedido al juzgado de lo contencioso que paralice el concurso público del Servicio de Orientación Jurídica como medida cautelar

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José María Alonso, decano del ICAM.
La Junta de Gobierno del colegio de abogados de Madrid decidió el lunes presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del ayuntamiento de Manuela Carmena de sacar a concurso público el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), encomendado mediante convenio al colegio desde 1989.

En el recurso, el ICAM ha solicitado como medida cautelar la suspensión del proceso de licitación, aunque espera que sea el consistorio de José Luis Martínez-Almeida quien revoque el concurso.

Según ha sabido Confidencial Judicial, el ICAM entiende que "los ayuntamientos pueden colaborar en la prestación de este servicio, pero no sustituir a los colegios de abogados ni apropiarse de funciones y competencias que corresponden exclusivamente a éstos".

Carmena convocó a finales de legislatura el concurso público sin contar, al parecer, con la opinión de los miembros del colegio de abogados y sin precisar en los pliegos las condiciones que debería reunir el adjudicatario del concurso.

El 21 de agosto, la asociación de letrados Altodo convocó una manifestación contra el equipo de Almeida por no haber paralizado en sus primeros días de Gobierno la convocatoria del concurso y presentó un segundo recurso contencioso contra la medida.

 

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