Comienza la fase 2 en la Administración de Justicia

A partir de este martes y durante quince días, acudirá entre el 60 y el 70% de los funcionarios a su puesto de trabajo

Ministro de Justicia Covid

La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia ha acordado avanzar a la fase 2 de la desescalada en la Administración de Justicia, lo que implica que a partir de este martes y durante quince días acudirá a sus centros de trabajo, con carácter general, el 60-70% del personal. Se establecerán turnos de tarde cuando el número de funcionarios impida garantizar la seguridad. 

La medida supondrá un refuerzo importante de efectivos en la prestación del servicio público durante la transición a la nueva normalidad desde criterios de salud laboral.

El ministro ha señalado que, junto a esta desescalada gradual y progresiva, el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales a partir del 4 de junio será clave en la reactivación judicial. 

Campo ha explicado que “lo más prudente” era reactivar los plazos en esa fecha y no antes, porque permitirá reanudar la tramitación pendiente en las condiciones previstas para la fase 3, con el 100% de efectivos en los juzgados.  

El ministro ha anunciado también que su departamento trabaja ya en el diseño y planificación de planes de choque en los órdenes de lo social, contencioso-administrativo y mercantil, los más afectados por el parón de actividad. La idea es identificar desde diferentes parámetros estadísticos dónde es necesario poner el foco y establecer los refuerzos para ayudar a la recuperación económica. El ministro ha llamado a “coordinar y conectar esfuerzos” para el éxito de estos planes específicos de actuación, sobre los que se realizará un seguimiento exhaustivo, para su reedición en 2021. “Tenemos que demostrar que tenemos capacidad para resolver los problemas de la ciudadanía”, ha dicho.

El ministro ha pedido a las comunidades autónomas y las administraciones competentes “voluntariedad y generosidad” para articular, también, la puesta en marcha de juzgados que atiendan, de forma temporal, los asuntos derivados de la crisis. Campo ha avanzado que el planteamiento del Ministerio de Justicia es tener en funcionamiento a finales de año 23 de estos órganos que continuarán su actividad en 2021.

 

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