El fiscal va a pedir la imputación de Esperanza Aguirre
El Ministerio Público ha concluido que existió “complicidad por omisión” de la ex presidenta en el caso Púnica
Todos los imputados han hablado de ella. Sea el juez, las fiscales o los abogados, lo cierto es que prácticamente todos los investigados en la trama Púnica han relacionado a Esperanza Aguirre en los interrogatorios realizados en la sede de la Audiencia Nacional. Y esto va a afectar a la situación procesal de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional.
Esperanza Aguirre será imputada en uno de los casos de corrupción más polémicos del PP madrileño, la trama Púnica. Según fuentes consultadas por El Confidencial Digital, la Fiscalía anticorrupción ha registrado indicios suficientes que –explican- apuntan a Aguirre como “cómplice por omisión”.
Los investigados relacionan unánimemente a Aguirre con la adjudicación de contratos públicos a empresas a cambio de comisiones o regalos a cargos del partido. Según ha ido avanzando el calendario de citaciones, se han acumulado las acusaciones a la ex presidenta madrileña, “casi imputado a imputado” según relatan quienes han estado presentes en la sala. A esto hay que sumar los informes de la Guardia Civil, que corroboran las declaraciones.
Acusaciones de empresarios…
Especialmente relevante ha sido la declaración de uno de los empresarios citados, David Mercado.Aseguró al juez de refuerzo, Diego de Egea, que su empresa Over Marketing pagó facturas al PP de Aguirre a través de constructoras. El dinero se transfirió ‘en b’ porque superaba la cantidad permitida para las donaciones a partidos.
Estas palabras han sido determinantes para que la Fiscalía considere seriamente la imputación de Aguirre. Ya antes el cabecilla de la trama, David Marjaliza, aseguró que la ex presidenta madrileña estuvo presente en reuniones clave para la concesión de obras relacionadas con la trama.
Según Marjaliza, Aguirre atendió el requerimiento de su entonces número tres, Francisco Granados, que quería construir una urbanización en los terrenos de El Esparral, cercanos a Valdemoro, a través de la empresa de Marjaliza, Arpegio.
… y de políticos cercanos a Aguirre
Francisco Granados ya pidió en marzo, meses antes de salir de la cárcel, la investigación de Aguirre como pieza necesaria en Púnica por su capacidad de influencia en miembros del Gobierno regional que estaban a su cargo.
También ha sido determinante la declaración del ex mano derecha de Aguirre, Ignacio González, en el marco del caso Lezo. González aseguró al juez que Aguirre estuvo al tanto de varias adjudicaciones sospechosas, como la del campo de golf del Canal a una empresa vinculada a su hermano. También explicó que, pese a conocer los métodos de adjudicación y de pago, consintió la operación.
Respecto a otra de las ramas de Púnica, el pago en negro a empresas de reputación digital para las elecciones de 2005, 2007 y 2011, González admitió que él, como director de campaña, tenía funciones organizativas pero no económicas. De la financiación se encargaba el tesorero, Beltrán Gutiérrez, que contaba con el visto bueno del gabinete de Aguirre. Y por tanto, de la propia presidenta.
Las acusaciones de González coinciden con la filtración a los medios de unas conversacionesintervenidas por la UCO al ex presidente madrileño y al ex ministro Eduardo Zaplana. En ellas, González lanzaba insultos y acusaciones muy duras contra Esperanza Aguirre, la que fuera su mentora.
Los informes de la UCO
Al contrastar las declaraciones de los imputados con los informes de la Guardia Civil, “los indicios aumentan”, señalan a ECD fuentes de la investigación, tanto por las declaraciones como por los informes de la UCO.
Por un lado, la unidad judicial informó al juez de que el PP madrileño contó, bajo mandato de Aguirre, con 1,5 millones de euros en negro para la campaña de 2011. Por otro, el Instituto Armado constató el gasto, por parte del PP de Madrid, de más de 7 millones de euros provenientes de la Fundación Dos de Mayo en la campaña de 2007.
En ambos escritos, señalan a Gutiérrez, responsable económico del partido, y éste, según los distintos testimonios, contaba con la supervisión directa del presidente del partido. En este caso, de Aguirre.
También le explota el caso Lezo
Se da la circunstancia de que el fiscal Carlos Yáñez, que hasta principios de noviembre trabajaba en la investigación del caso Lezo, dejó un escrito a su superior en el que pedía la imputación de Aguirre por prevaricación y malversación en la construcción del campo de Golf del Canal, que será demolido.
También solicitaba la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón por los mismos delitos, que habría cometido en la compra de la filial Inassa por parte del Canal de Isabel II.
Próxima imputación
El Ministerio Público considera que empiezan a ser abundantes los indicios sobre Aguirre, y que su imputación en el caso Púnica permitirá aclarar si fue partícipe de la trama y hasta qué punto. O si fue cómplice por omisión de las malas prácticas de sus subordinados. O si es inocente.
Las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez pedirán al magistrado Manuel García-Castellón que se impute a Aguirre. Hay que recordar, no obstante, que esta petición no es vinculante: el juez puede desestimarla porque considere insuficientes los indicios que aporte el Ministerio Público.
