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La Fiscalía, contra la asociación de defensa del procurador por falsificar unas firmas ante el TSJM

El Confidencial Judicial | 19 de septiembre de 2018

El fiscal jefe de Madrid, Javier Polo (derecha).
El fiscal jefe de Madrid, Javier Polo (derecha).

El exfiscal jefe de Madrid, Javier Polo, ha denunciado a la procuradora Isabel Martín y a los otros cinco directivos de la asociación para la defensa del procurados (ADP) por un presunto delito de falsedad documental. Se trata de Felipe Juanas, Miguel Torres, Ana Lourdes González, José Antonio Sandín y José María Marcelino García García.

La Fiscalía les acusa de haber falsificado las firmas en un documento entregado a la Sala Octava de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un pleito anterior.

Los seis denunciados presentaron una demanda contra el colegio de procuradores de Madrid para impugnar la reforma de los estatutos que tuvo lugar en 2016. Para ello, remitieron al TSJM la documentación que les acreditaba como miembros de una asociación debidamente constituida. Entre otros impresos se encontraba una copia del registro de asociaciones que certificaba la elección de los nuevos miembros de la junta de dirección, Juanas, Torres y González, e incluía a los tres salientes, Sandín, García y Martín.

Comprobación grafológica

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, el colegio de procuradores llevó a cabo un examen grafológico de las firmas de los seis demandantes, ya que habían pertenecido a la institución y poseían documentos con sus firmas.

El resultado del cotejo fue que “ninguna de las firmas analizadas era atribuible a quienes dicen pertenecer”, algo que para el fiscal pone en duda su autenticidad.

Por el momento, la denuncia ha recaído en el juzgado de instrucción número 40 de Madrid, cuyo titular es Enrique García de la Hoz. En caso de que la admita a trámite, Martín, Juanas, Torres, González, Sandín y García pasarían a disposición de la Policía Científica para que les tome cuerpos de escritura.

Una larga batalla

Según ha sabido ECD, los seis denunciados pertenecieron en su día al colegio de procuradores madrileño, pero fueron expulsados después de que se les abriera expediente y fueran sancionados por impago de las cuotas. Los miembros del colegio pagan una cantidad fija mensual más una variable en función de sus ingresos en el ejercicio de la procura.

Tras ser expulsados, ingresaron en el colegio de Guadalajara y según fuentes de la institución madrileña, han impugnado varias decisiones y resoluciones de su antigua asociación.

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