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Jueces advierten: las costas "elevadas" pueden obstaculizar los recursos a las decisiones del CGPJ

El Confidencial Judicial | 16 de julio de 2020

Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) llaman al Tribunal Supremo a hacer una reflexión sobre las condenas en costas "elevadas" que imponen en sus sentencias sobre asuntos relacionados con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entender que éstas pueden suponer un "obstáculo" a la hora de recurrir las decisiones del órgano de gobierno de los jueces.

"En la práctica, fijar cuantías elevadas en concepto de costas en estos casos supone establecer una barrera para controlar la legalidad de los actos de un órgano constitucional que tiene por función nada menos que el gobierno de los jueces", subrayan las asociaciones en un comunicado.

Las AJFV y FJI responden así a la sentencia del Tribunal Supremo dada a conocer el pasado viernes, en la que condenó a dos asociaciones de jueces al pago de las costas al desestimar sus recursos contra el acuerdo del CGPJ que aprobó el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, en lo relativo a las retribuciones variables por objetivos. Así, fijó una cantidad a estos efectos de 4.000 euros para FJI y el doble para Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

El comunicado recuerda que un mes antes, el Tribunal Supremo también condenó al abono de 4.000 euros en costas procesales a un magistrado que había impugnado el nombramiento de Dimitry Berberoff como miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal.

Las asociaciones judiciales recalcan que este tipo de recursos contra decisiones del órgano de gobierno de los jueces son "en defensa de los intereses profesionales" de los miembros de la carrera judicial. "Son evidentes los riesgos para nuestros sistema de equilibrio de poderes si esa barrera acaba convirtiéndose en un obstáculo insalvable", añaden.

Por ello, piden que se tomen medidas para evitar que las costas tengan un "efecto disuasorio" a la hora de impugnar los actos del CGPJ, porque entonces, subrayan, el órgano de gobierno "dejará de tener control, lo que no es admisible".

En este sentido, apuntan que en otros ordenes jurisdiccionales, como en el social, ya se han establecido mecanismos para que no que no se "limite el acceso al proceso", como no imponer costas a los sindicatos de los trabajadores.

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