El Supremo comunica a la Policía que mantiene la orden de detención de Puigdemont pese a la ley de amnistía
El juez Llarena, instructor de la causa de 'el procés', da un plazo 5 días a las partes para que informen sobre la aplicación de la norma ahora que ha entrado en vigor
- Causas en el Supremo y Audiencia Nacional
- Junqueras y Turull ya han presentado sus peticiones
- Consulta del 9N en el TSJ de Cataluña
- El Tribunal de Cuentas plantea llevar su caso al TJUE
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa de 'el procés', ha comunicado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que "continúan vigentes y activas" las órdenes nacionales de detención para el expresident Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira mientras no sean judicialmente modificadas o revocadas.
En una providencia, el magistrado ha dado un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre si procede o no aplicar la Ley de Amnistía, que ha entrado en vigor este martes dada su publicación en el BOE, para los cuatro encausados, además de que se pronuncien sobre mantener o modificar las medidas cautelares.
Causas en el Supremo y Audiencia Nacional
La Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena ha dado de plazo cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía ,mientras que la instructora del caso de Tsunami Democrátic, Susana Polo, ha dado un margen de diez.
Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa de Tsunami Democratic para que en el plazo máximo de diez días informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad a los investigados en este procedimiento de la Ley de Amnistía.
Junqueras y Turull ya han presentado sus peticiones
Las defensas de Oriol Junqueras y Jordi Turull, que fueron juzgados y condenados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por 'el procés', ya han presentado sus peticiones para reclamar que se les aplique la norma.
También lo han hecho el resto de los dirigentes políticos de ERC con la voluntad de cerrar las 37 causas que les afectan, entre los que figuran los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó y Meritxell Serret, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, además de Anna Simó, Ruben Wagensberg, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga o Xavier Vendrell.
Consulta del 9N en el TSJ de Cataluña
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), siguiendo los pasos del Supremo y la Audiencia Nacional, ha pedido a las acusaciones a las defensas de los procedimientos que podrían estar sujetos a la ley de amnistía que se posicionen para su aplicabilidad en un plazo de 10 días.
Entre las causas que pueden revisarse están la causa por la consulta del 9N, en la que fue condenado Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau.
También ha demandado revisión en la condena por desobediencia al expresidente Quim Torra y la causa que afecta a la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga; el exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové, y al exsecretario de Hacienda y presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó.
Asimismo, ha solicitado lo mismo para el procedimiento en le que está implicado el exdelegado del Govern en Lleida, Bernat Solé, que fue inhabilitado un año por desobediencia en el 1-O, y el exconcejal de Lleida Pau Juvillà, que también fue inhabilitado seis meses por desobediencia al no retirar lazos amarillas y una bandera estelada de la ventana del despacho de su grupo municipal en el Ayuntamiento.
El Tribunal de Cuentas plantea llevar su caso al TJUE
El Tribunal de Cuentas, que todavía está pendiente de dictar la sentencia sobre el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern en el marco del 'procés', ha dado audiencia a la Fiscalía, a las acusaciones y a las defensas para que se pronuncien sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre algunos artículos de la ley de amnistía.
Las partes tienen diez días para hacerlo y, mientras se resuelve el planteamiento, el proceso queda suspendido.
La Consejera del Tribunal de Cuentas Elena Herráez ha emitido una providencia en la que insta a que el TJUE interprete algunos artículos de la norma aprobada la semana pasada en el Congreso, pues considera que pueden entrar en conflicto con el derecho de la Unión Europea.
Concretamente los los relativos a la “lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE”, al “principio de cooperación leal”, a los “principios de igualdad y de no discriminación” y a los “principios de seguridad jurídica y confianza legítima” y al “principio del Estado de Derecho”.
