La Mutualidad de la Abogacía advierte a letrados vía burofax por supuestas difamaciones en redes sociales
Medio millar de abogados han creado un grupo de WhatsApp en el que denuncian las pensiones ínfimas que recibirán cuando se jubilen
- Pensiones indignas
- Reivindicaciones
- Jubilación parcial
- Aviso de los Colegios
- “Rebranding”
- Burofaxes
- Medio millar
En tan solo tres meses, el movimiento J2, integrado por abogados y procuradores, se ha consolidado como actor colectivo de gran fuerza reivindicativa en la defensa de los intereses de los profesionales del derecho.
Una de sus reivindicaciones es la precariedad de las prestaciones que ofrece el sistema de cotización mutual, así como sus graves carencias en protección social, y la cautividad que implica, por su falta de compatibilidad con el sistema de cotización público.
Pensiones indignas
El movimiento J2, nacido de forma, ha conseguido, con el esfuerzo de sus miles de miembros, el primero de los objetivos marcados en su hoja de ruta: abrir el debate y, visibilizar el grave problema social derivado de las pensiones, que a ojos de muchos son irrisórias, indignas para los profesionales integrados en mutualidades alternativas, y que llega hasta el punto de que les impiden jubilarse.
El impulso de estos letrados y estas acciones reivindicativas están obligado a lo que se suele denominar la Abogacía Institucional, esto es Colegios Profesionales y Consejos Generales, a moverse en la lucha por esas mejoras, “aunque no con la determinación y el talante necesario, sino por arrastre”, como aseguran varios letrados a Confidencial Judicial.
Reivindicaciones
Los profesionales del sector jurídico exigen una reforma legislativa que incluya la creación de una ventana o pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que permita la posibilidad de trasladar las cantidades cotizadas en la Mutualidad de la Abogacía u otras Mutualidades Alternativas, computándose a los efectos de devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida, previa ponderación de las cantidades ingresadas y de los periodos cotizados.
Respecto a los mutualistas pasivos, la aplicación de un complemento a mínimos de sus pensiones hasta alcanzar el importe de la pensión mínima.
Jubilación parcial
Plantean que las aportaciones a las Mutualidades, para los profesionales que la tienen como sistema alternativo al RETA, no puede ser tratada como un plan de pensiones complementario. Solicitan la exoneración impositiva y mejoras fiscales, tanto en fase de aportación como de rescate.
Y, por último, plantean mejoras en la compatibilidad del cobro de la pensión y el ejercicio profesional.
Igualmente, se deben mejorar las posibilidades de jubilación parcial, tanto si se llega a la edad de jubilación a través de sistemas mutuales alternativos, como a través del RETA.
Aviso de los Colegios
“Los Colegios de Abogados llevan años poniéndose de perfil ante las dramáticas situaciones de algunos compañeros, y las que se avecinan con las pensiones de casi todos. El motivo es que existe una simbiosis entre los Colegios de Abogados y la Mutualidad de la Abogacía”, afirman las fuentes consultadas.
Abogados y procuradores acusan a los Colegios de actúar como delegaciones territoriales o agencias comerciales de la Mutualidad, en perjuicio de los colegiados, percibiendo retribuciones, en el marco de acuerdos negociados de espaldas a los colegiados. La Mutualidad, por su parte, se nutre para su Junta de Gobierno de decanos o ex decanos, con lo que actúa como una suerte de puerta giratoria para los cargos de los Colegios de Abogados.
“Por acción o por omisión, nos han llevado a la difícil situación actual y son parte del problema”, dicen las fuentes consultadas.
Ante la envergadura que va tomando el movimiento #J2, han habido maniobras para intentar controlar la situación y canalizar las posibles soluciones, a través de ficticias comisiones de estudio, del encargo de dudosos informes o de cuestiones similares, con las que intentar maniatar cualquier iniciativa.
“Rebranding”
Ante esa situación, la Mutualidad busca renovar su imagen y dar un salto para "responder a las necesidades actuales" de sus mutualistas. El presidente, Enrique Sanz Fernández-Lomana, asegura que “durante los últimos 75 años, el cambio ha sido la clave del éxito de Mutualidad y lo que ha permitido estos tres cuartos de siglo de vigencia”.
Sin embargo -afirma- “desde hace seis meses Mutualidad es víctima de falsas informaciones y afirmaciones difamatorias por parte de un grupo muy reducido de personas en redes sociales. Se trata de una actuación recurrente que traspasa los límites permitidos de la libertad de expresión y que podrían ser constitutivas de delito”.
Burofaxes
“En la Mutualidad abogamos por el diálogo y la transparencia, atributos que hemos demostrado en estos meses trazando todo tipo de vías de comunicación. Sin embargo, no podemos permanecer inactivos ante calumnias que afectan a la identidad y reputación de nuestra institución y de las personas que la conforman”.
Por ese motivo han enviado burofaxes a algunos de los protagonistas en redes sociales. “Solicitamos a los autores de expresiones difamatorias en redes sociales que las eliminen, por encontrarse fuera de los límites de la libertad de expresión. Prueba de que así se ha entendido, es que la mayor parte de quienes han vertido esas afirmaciones difamatorias ya las han retirado de las redes, y en algunos casos se han disculpado con la entidad.”
Medio millar
Algunos los abogados afectados, han expuesto su situación y opinado en redes sociales, para exponer su situación personal, y han creado un grupo de Whatsapp para denunciar las anomalías. Lo integran más de 450 participantes.
Varios de ellos han expresado en Twitter su descontento y calificado esos actos de mala praxis y de estafa. Y han recibido un burofax de la Mutualidad en tono amenazante. Les avisa de que sus expresiones “afectan a la identidad y la difaman sobrepasando límites admisibles de la libertad de expresión”.
Según las fuentes consultadas por Confidencial Judicial, los abogados afectados han pedido amparo a los colegios para evitar procedimientos judiciales. E insisten: “Lo que está sucediendo, no es lo que nos vendieron. Con esas cantidades, hay compañeros que no se podrán jubilar ni a los 75 años”, concluyen.
