La Audiencia Nacional abre una investigación a un combatiente español contra el Daesh por dirigir una milicia kurda

Lesa humanidad, terrorismo, autoadoctrinamiento, delitos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado…

Por todos estos delitos está siendo investigado en la Audiencia Nacional un ciudadano español que viajó hace años a Irak para unirse a las milicias kurdas que se enfrentaron a los yihadistas del Daesh cuando proclamaron el “califato” o “estado islámico” en un amplio territorio entre Siria e Irak.

Así lo revelan dos autos recientes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (uno del 30 de marzo y otro del 14 de abril), consultados por Confidencial Digital, que desestiman sendos recursos del investigado contra otros dos autos del Juzgado Central de Instrucción número 6, que en enero de este año reabrió una investigación del año 2016.

La Policía le vincula al PKK

El origen de esta investigación se remonta al año 2016. En febrero de ese año, la Brigada Provincial de Información de Valencia, de la Policía Nacional, envió un oficio a la Audiencia Nacional en la que identificaba a un ciudadano español como responsable de una página en Facebook con el nombre ‘Apoyo voluntarios Españoles contra Daesh’.

Este hombre se presentaba, según la Policía, como combatiente en el Kurdistán iraquí en filas de grupos kurdos contra el Daesh, “y hacía proselitismo de esta causa”: a través de la página de Facebook, alentaba “el alistamiento y reclutamiento de individuos para luchar contra el Daesh y defender a los cristianos kurdos”.

Los policías de Información señalaron que este español se había desplazado hasta Irak y Siria “para integrarse en las fuerzas peshmergas kurdas combatientes en defensa del pueblo kurdo contra el Daesh, para posteriormente de un periplo por distintos grupos combatientes, acabar integrado en las denominadas Unidades de Protección de Sinjar (YBS), milicia formada para proteger a la comunidad yazidí en el Kurdistán iraquí de los ataques del Estado Islámico”.

El voluntario español se convirtió en “comandante de esta unidad internacional de la YBS”, y según el oficio de la Brigada Provincial de Información de Valencia, “la referida unidad internacional de la YBS es una filial de la organización terrorista PKK”, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que está considerado organización terrorista por la Unión Europea, la OTAN y Turquía.

Investigación archivada en 2016

La investigación del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional apuntaba que este español que se había unido a las milicias que luchaban contra los yihadistas del Daesh en Irak y Siria podría haber cometido tres delitos: terrorismo, tenencia ilícita de armas y delito de comprometer la paz o la independencia de España.

Pero el juez decidió en agosto de 2016 acordar el archivo provisional del procedimiento, “en tanto no se esclarezcan los elementos de los delitos investigados”.

Eso sí, acordó mantener la alerta de la llegada a España de este combatiente voluntario de las milicias kurdas contra el Daesh, “con la finalidad de que por la policía se informase a este Juzgado de esa llegada”.

Detenido en verano en Málaga

La alerta saltó seis años después. El 28 de agosto de 2022, la Policía Nacional detuvo a este hombre en Málaga, en cuanto llegó al territorio nacional.

El combatiente declaró ante los agentes. El 29 de agosto, la Comisaría General de Información de la Policía remitió al Juzgado Central de Instrucción número 6 un oficio en el que comunicó la llegada a España de este investigado e informó de lo que había declarado ante los agentes después de ser detenido.

El hombre fue puesto en libertad después de declarar.

El oficio de la Comisaría General de Información incluyó además la declaración de un testigo, un hombre que “habría integrado el mismo grupo de combatientes” que el investigado durante sus años en Irak.

Los policías especializados en la investigación de los combatientes españoles que retornaba de la zona de conflicto en Siria e Irak hicieron acopio de testimonios, informes y documentación digital sobre la actividad de este español que habían detenido al llegar a Málaga.

Presentaron ante el juez, el 7 de octubre de 2022, toda esta documentación.

Más delitos: lesa humanidad, detención ilegal...

El Juzgado Central de Instrucción número 6 dictó el pasado mes de enero un auto en el que acordó “decretar la reapertura de las presentes diligencias previas”, abiertas y cerradas provisionalmente en 2016.

Incorporó a las actuaciones y digitalizó toda la información presentada por la Comisaría General de Información, y a esta misma unidad de la Policía Nacional le ordenó que -por parte de otros agentes distintos de los investigadores- “se elabore informe pericial de inteligencia actualizado sobre los grupos y milicias armadas mencionadas en la declaración del testigo”.

Este testigo aportó varios vídeos, que también fueron analizados. Además, al investigado se le habían intervenido varios dispositivos electrónicos.

Con la información remitida por la Policía y con la declaración del testigo que, según dijo, combatió junto al investigado, el magistrado amplió la lista de delitos por los que se investigaba a este hombre: delitos de lesa humanidad, contra los bienes y personas en conflicto bélico, y amenazas y coacciones y detención ilegal.

Además, reactivó las investigaciones por distintos delitos de terrorismo. El fiscal apoyó que se le investigara por “delitos de participación en actividades de organización terrorista, previsto en el artículo 572 del Código Penal, auto adoctrinamiento, contemplado en el artículo 575, colaboración con actividades de organización terrorista, del artículo 577, del mismo texto”.

Destacó el fiscal que “algunos de estos delitos, como la participación en actividades de organización terrorista, tienen señalada pena de prisión superiores a diez años.

Los nuevos hechos comunicados en estas investigaciones apuntaron que, según el representante del ministerio público, “podrían ser constitutivos de delitos de terrorismo, previstos en los artículos 571 y siguientes; delitos de lesa humanidad, tipificados en los artículos 607 bis y siguientes y contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, de los artículos 608 y siguientes, todos ellos del Código Penal, que podrían haber sido cometidos por el investigado durante su estancia en Irak y cuyas circunstancias deben ser investigadas, y están relacionados con los antes mencionados puesto que se desarrollan en el seno de grupos armados en Irak”.

“Disputa por unos huevos fritos”

El abogado del español investigado presentó varios recursos ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para tratar de tumbar la decisión del juez instructor de reactivar las diligencias previas.

Alegó distintos argumentos: que los delitos por los que fue investigado en 2016 estarían prescrito, al haber pasado más de cinco años desde el auto que archivó la investigación; falta de jurisdicción; carencia de indicios nuevos que permitieran reabrir la investigación archivada en 2016...

Subrayó especialmente que no se le podía imputar un delito de lesa humanidad, porque “no consta imputación alguna ni declaración alguna de que el recurrente cometiera acción violenta contra población civil, o ataque generalizado o sistemático contra ésta, que ni siquiera refiere mínimamente”, por lo que “no se dan los requisitos del delito de lesa humanidad y en cualquier caso la precitada declaración policial no aporta indicios suficientes para conformar tales delitos”.

Los nuevos delitos de detención ilegal, amenazas y coacciones se basaban en la declaración de otro ex combatiente de la misma milicia kurda YBS.

La defensa del investigado apuntó que ese testigo eran amigo personal de su defendido, “que el único trato denigrante o ilegal fue una bofetada por la disputa de unos huevos fritos”, y que “todo lo cual no justifica tampoco la ampliación de delitos investigados por inexistencia de criminalidad de detención ilegal, amenazas y coacciones”.

Se debe investigar más

Al resolver los recursos del investigado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que el juez sí tenía nuevos elementos que le obligaban a reabrir la investigación.

Negó que se pudiera entender que los hechos hubieran prescrito. Para ello se basó en que este ciudadano español “ha venido manteniendo tales actividades desde que se inició la investigación hasta el momento próximo al de su detención en fecha de 28 de agosto de 2023”.

Como muestra de su integración en las unidades kurdas de combate citó varios reportajes de prensa, de 2021 y 2022, en los que el recurrente aparece como comandante de la unidad internacional de la YBS.

Además, las declaraciones no de uno, sino de tres testigos ante la Policía aportaron detalles que “sitúan al recurrente durante los años 2016 en adelante hasta el año 2022, al frente de esta unidad internacional que presuntamente está ligada al grupo terrorista PKK”, y “por lo expuesto, difícilmente pueden entenderse prescritos los hechos imputados al recurrente que fueron sobreseídos provisionalmente en su momento”.

La conclusión de la Sala de lo Penal fue que “los hechos que han dado lugar a la ampliación de las presentes diligencias previas alcanzan la suficiencia necesaria justificativa de una investigación oportuna, mediante la declaración de los testigos, testigos directos y presuntos perjudicados, a fin de que concreten fechas, lugares y circunstancias en las que se desarrollaron por parte del recurrente comportamientos susceptibles de sostener las presuntas amenazas y coacciones, y detenciones ilegales”.

Sin indicios suficientes de lesa humanidad

Los magistrados que estudiaron uno de los recursos del investigado sí aceptaron en parte una alegación.

“En cuanto a que los hechos relatados por los testigos no revelan indicios suficientes de un posible delito de lesa humanidad, tiene razón el recurrente en su argumento”, se puede leer en el auto.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 justificó la imputación por ese delito por un “informe policial de análisis de los vídeos proporcionados por el citado testigo de los que se desprende la participación” del investigado “como combatiente en un grupo armado en Iraq, ocupando una posición de mando militar, impartiendo órdenes e instrucciones sobre preparación y colocación de explosivos”.

Además, a la causa se incorporaron “datos concretos sobre maltrato infringido” por el combatiente “a población civil y combatientes, así como su voluntad de enfrentarse militarmente a los ejércitos regulares de Turquía e Irak”.

Pero la Sala de lo Penal examinó las declaraciones de los testigos, reflejadas en el atestado de la Comisaría General de Información que justificó la reapertura de las actuaciones.

De esas declaraciones, según la sala, “no se desprende con suficiente claridad o entidad circunstancias que pudieran conducir a que el recurrente, desde la posición de mando absoluto en la milicia, tiene como finalidad y objetivo el exterminio de poblaciones civiles por razón de su religión o cultura o ataque generalizado o sistemático contra ésta, y así hubiera procedido en alguna de sus actuaciones”.

Por ello, “tal subsunción jurídica, delito de lesa humanidad, no se sostendría adecuadamente cuando se dictó el auto impugnado, no existe ningún dato meramente objetivo que hiciera siquiera sustentar mínimamente tal delito, al menos hasta éste momento”.

Aún así, “no obstante a la vista del contenido de las grabaciones a las que se refiere el auto combatido, que no dispone esta Sala puesto que no han sido remitidas como testimonio, estas conforman, en este momento procesal, los hechos punibles que se le imputan al recurrente, y de ellos debe informársele y preguntar al recurrente, cualquiera que sea la calificación provisional que se haya expresado en el auto, que ningún gravamen tiene en este momento procesal primigenio de la investigación para el recurrente, y que en cualquier nunca será determinante ni vinculante para los hechos que se deriven de la investigación”.

Por ello, la Audiencia Nacional desestimó todos los recursos y avaló continuar con la investigación judicial a este español que había vuelto a España tras años de combatir en milicias kurdas contra el Daesh en Irak.

Un combatiente español que volvió

Si bien en los autos consultados por ECD el nombre del investigado está oculto -sustituido por un seudónimo-, el relato de la llegada y detención encaja con lo sucedido el pasado verano a un veterano combatiente en las milicias contra el Daesh, conocido con el nombre de guerra de ‘Simón de Monfort’.

Confidencial Digital ha podido saber que este español, que estuvo años en Irak, llegó a España en verano de 2022, y fue detenido por la Policía, interrogado y puesto en libertad tras prestar declaración. Las fuentes consultadas apuntan que ‘Simón de Monfort’ entró en España por Málaga.

ECD se puso en contacto con ‘Simón de Monfort’, para contrastar que efectivamente él es la persona investigada en esta causa en la Audiencia Nacional. ‘Simón de Monfort’ declinó responder a las preguntas.

Lo cierto es que en septiembre de 2022, este combatiente contra el Daesh participó en algunos actos públicos.

Presentó un libro, ‘La Cruz y la Espada’, en la sede de la Hermandad de la Vieja Guardia. Se trata de un local en la Cuesta de Santo Domingo, en Madrid, que fue sede de Falange Española de las JONS antes de la Guerra Civil, y que actualmente acoge actos de grupos falangistas.

Además, ‘Simón de Monfort’ participó en una tertulia falangista en Internet, ‘La Hora del CAFÉ’, el 20 de septiembre de 2022. En esa tertulia relató cómo acudieron (dijo entonces) dos guardias civiles cuando llegó a Málaga.

Cuando la Audiencia Nacional le investigó en 2016, el diario Públicoseñaló a este combatiente anti-Daesh como uno de los absueltos en una investigación sobre una organización neonazi valenciana desarticulada y a la que se le intervino armamento. Hay que recordar que los autos de la Audiencia Nacional menciona que la investigación inicial la abrió la Brigada Provincial de Información de Valencia.

El nombre de Simón de Monfort remite a un noble que en el siglo XIII lideró la cruzada contra los herejes cátaros en lo que hoy es el sureste de Francia.

Vigilancia policial sobre los retornados

Esta investigación es llamativo, por cuanto otros combatientes que volvieron a España después de luchar contra el Daesh no han tenido problemas con la justicia.

Sí fueron imputados en la Audiencia Nacional miembros del grupúsculo Partido Marxista Leninista (Reconstrucción Comunista), que se unieron a las milicias del PKK para combatir contra el Daesh y defender la denominada “revolución de Rojava”, que permitió cierta autonomía o independencia de una zona del Kurdistán en Siria, cerca de Turquía.

Pero otros españoles que habían combatido en otras milicias, no vinculadas directamente al PKK, y por tanto no incluidas en las listas de grupos terroristas, no fueron investigados.

Eso sí, muchos recibieron la visita de policías de la Comisaría General de Información o de las brigadas provinciales de Información, o de guardias civiles de la Jefatura de Información, incluso de agentes del Centro Nacional de Inteligencia.

Estas “visitas” servían para tener controlado a estos ex combatientes, y para obtener información tanto de los extranjeros que se unieron a las milicias contra el Daesh, como sobre el propio califato yihadista. Es posible que algunas de las declaraciones citadas por la Comisaría General de Información en este caso, tengan su origen en estas “visitas”.

Aunque ciertos perfiles de combatientes españoles en Irak y Siria, y ahora en Ucrania, parece suponer menor amenaza para España por cuanto se entiende que han dado ese paso por razones humanitarias, los servicios de información mantienen vigilancia sobre todos los “retornados”.

Algunos guardias civiles han alertado del peligro de la vuelta de todos estos combatientes, porque regresan a España con experiencia de combate y en el uso de armamento, y porque en muchos casos militan en ideologías extremistas.

Los policías de Información están monitorizando y haciendo también esas “visitas” a los españoles que vuelven de Ucrania tras combatir contra los rusos.