El presidente del TS llama a la cooperación leal entre los líderes políticos con el fin de situar a la Justicia por encima de esos intereses
El Poder Judicial encara el nuevo curso con una bicefalia y un Supremo al borde del colapso
La Justicia inaugura este jueves un nuevo curso marcado por el debate suscitado después de que Junts haya exigido una ley para amnistiar el 'próces' como requisito para propiciar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, así como por el proceso de descomposición en el que se encuentra inmerso el Consejo General del Poder Judicial, que lleva casi cinco años con el mandato caducado.
El acto, ha estado presidido por Felipe VI y con la intervención del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para presentar la memoria de actividades del Ministerio Público en 2022, y el presidente interino del TS, Francisco Marín Castán, para abrir el nuevo año judicial.
Entre los asistentes se encontraban el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, así como diversas autoridades del ámbito judicial. Y, en el plano político, acudirán la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de varios representantes institucionales.
Preocupación por el bloqueo
Si bien hasta ahora la principal preocupación en el seno del Poder Judicial era la situación de bloqueo en torno la renovación del CGPJ, que debía haberse producido el 4 de diciembre de 2018, y las consecuencias que la inestabilidad política provocada por los resultados electorales del 23 de julio podían tener en la misma, la posibilidad de una eventual amnistía ha irrumpido de lleno en el debate.
Según fuentes jurídicas, en el Supremo se han quedado "sin adjetivos" para calificar la visita que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hizo al ex presidente catalán Carles Puigdemont el pasado lunes en Bruselas para recabar los apoyos de Junts a la investidura de Sánchez.
Un día después, el líder independentista fijó sus condiciones: ley de amnistía y el final de la vía judicial, para lo cual apeló directamente a Fiscalía y Abogacía del Estado.
Y es que una eventual amnistía de los sucesos que condujeron al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 supondría borrar los hechos por los que el Supremo condenó en 2019 al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros once líderes independentistas, y por los que el alto tribunal aún persigue a Puigdemont y los demás prófugos del 1-O.
Prevalencias
"Hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos, e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria, en favor de principios constitucionalistas más elevados", ha señalado Francisco Marín Castán, presidente en funciones del Tribunal Supremo.
De esta manera, el presidente del Supremo ha reclamado un verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los diferentes actores políticos que sitúe como objetivo de su actuación el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial y ha subrayado que "la democracia, y en consecuencia el Estado de Derecho, corren un serio riesgo".
Mejoras
Por otro lado, y dada la gravedad de la situación, el presidente Castán, ha sugerido que en este punto algunas líneas para la mejora de la Justicia que podrían ser asumidas por los actores político-institucionales, entre ellas que la renovación del CGPJ se produzca con "arreglo a los tiempos marcados por la Constitución".
Del mismo modo, ha abogado por que la elección de vocales del Consejo se efectúe sin intervención de las fuerzas políticas.
También, el Fiscal General del Estado se ha mostrado abierto a reforzar la imparcialidad pero asegura que la ciudadanía "puede estar tranquila".
En su discurso para el acto de apertura del año judicial, en el que ha presentado la Memoria anual de la Fiscalía General correspondiente a 2022, ha apuntado que en la carrera fiscal están abiertos a cambios y "a asumir nuevos retos y responsabilidades", y ha añadido que en la situación política actual, con un Gobierno en funciones, considera que el futuro Ejecutivo "tendrá entre sus objetivos afrontar una reforma sustancial de la justicia en nuestro país".
Cambios para un mejor servicio público
Así, ha indicado que entre todos los proyectos pendientes, es necesario abordar el cambio de modelo procesal, con el fiscal como director de la investigación penal.
Y ha advertido que esa reforma ha de ser "pausada y meditada" y debe tener como destino "mejorar la eficacia de la justicia y la prestación del mejor servicio público, en una España plural y democrática".
En sus palabras también ha habido espacio para referirse a los ataques que recibe "la figura del fiscal general del Estado" y ha señalado que "no deben contagiar a la propia carrera" porque aun siendo el principio de unidad de actuación lo que justifica la jerarquía, "no hay decisión del fiscal general que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y (...) consenso".
