El Constitucional admitirá esta semana el recurso por el cierre del 'caso Tarajal' y estudiará el de los aspirantes al CGPJ

El Tribunal Constitucional (TC) celebrará esta semana un nuevo Pleno en cuyo marco está previsto que admita el recurso de varias ONG contra el cierre del caso sobre la tragedia de El Tarajal, que se cobró 14 vidas, y que inicie el debate sobre el amparo solicitado por seis aspirantes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que fue rechazado en su día por el TC y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que fue una vulneración de derechos.

Respecto al primer asunto, las ONG buscan revocar la decisión adoptada en 2022 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que avaló el archivo de la causa sobre el operativo desplegado por la Guardia Civil la mañana del 6 de febrero de 2014 junto al espigón marítimo fronterizo de El Tarajal, que acabó con la muerte de 14 migrantes intentando acceder a territorio español.

Las pesquisas judiciales arrancaron en 2014 dirigidas contra 16 guardias civiles y, cinco años después, el caso se situó a un paso de juicio por delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio, descartándose los de lesiones y prevaricación que venían investigándose. Tras un recurso de la Fiscalía, el caso se archivó al completo porque el Ministerio Público no veía delito y no había acusación particular ('doctrina Botín').

La Audiencia de Cádiz cerró el caso

Las ONG acudieron a la Audiencia de Cádiz para intentar reabrir el procedimiento, pero en julio de 2020, ratificó el cierre de la causa al no apreciar "relación de causalidad" entre la actuación de los agentes y "los fallecimientos por ahogamiento y lesiones" que se les pretendía imputar. Los magistrados consideraron que, más allá de algún "matiz de anormalidad", no existió "indicio alguno de desviación o extralimitación" en su comportamiento.

Ante esta nueva negativa, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación pro Derechos Humanos de España, la Asociación Observatori de Drets Humans, la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y la Asociación Sociedad Humana, acudieron también al Tribunal Supremo, que confirmó el archivo del caso concluyendo que no podía entrar siquiera a estudiarlo porque era anterior a la reforma procesal de 2015.

La Sección Cuarta de la Sala Segunda del TC --formada por los magistrados María Luisa Balaguer, Ramón Sáez y Enrique Arnaldo-- emitió el martes una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que acordó admitir a trámite el recurso de las ONG. Pero fue un error de redacción, ya que la falta de unanimidad entre los magistrados --Arnaldo se opuso a admitirlo-- ha obligado a elevarlo a la Sala Segunda, donde se espera que este lunes sea admitido.

Cabe recordar que el TC tiene pendiente un segundo recurso relacionado con la tragedia de El Tarajal. El que plantean las familias de las víctimas para que se identifiquen y entreguen los restos mortales de sus seres queridos.

El fallo de Estrasburgo

Este mismo lunes, la Sala Primera del TC se adentrará en el estudio de un segundo recurso, el que presentaron en octubre de 2020 seis magistrados de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que formaban parte de los más de 50 candidatos seleccionados en 2018 para renovar el CGPJ, cuyo mandato expiró el 4 de diciembre de ese año sin que aún haya sido reemplazado.

El TC inadmitió dicho recurso en 2021, por haberse presentado fuera del plazo fijado --tres meses--, algo que el TEDH declaró el pasado 22 de junio que fue una violación del derecho de estos seis magistrados a acceder a la Justicia porque el Constitucional no explicó suficientemente las razones que le llevaron a rechazar de plano la demanda de amparo.

Tras la condena de Estrasburgo, que apela directamente al TC, el presidente del Constitucional y de su Sala Primera, Cándido Conde-Pumpido, ha incluido en el orden del día de ésta última el estudio del recurso inadmitido con una ponencia elaborada por él mismo que aboga por darle trámite. Fuentes jurídicas señalan que el magistrado ya apoyó esta opción en 2020 pero se quedó en minoría frente a sus entonces compañeros Juan José González Rivas y Alfredo Montoya.

Fuentes de la corte de garantías indican que lo que se pretende es una "primera toma de contacto", por lo que es probable que el lunes no se adopte decisión alguna. No obstante, ven necesario iniciar "cuanto antes" el debate sobre cuál debe ser la respuesta del Constitucional a la vulneración de derechos apreciada por el tribunal europeo.

División de opiniones sobre el CGPJ

Los argumentos a favor de admitir ahora, casi tres años después de descartar el recurso de amparo, pasan por entender que la lesión denunciada por los seis magistrados es permanente, de modo que todavía subsiste.

Los magistrados del ala conservadora del TC Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y Arnaldo pidieron a Conde-Pumpido en una carta que retirara este asunto del orden del día. Esgrimieron, en primer lugar, que el fallo del TEDH no es firme, apuntando la conveniencia de que el Constitucional inste a la Abogacía del Estado a recurrirlo para defender su jurisdicción; y, en segundo, para no interferir en el proceso electoral del 23-J, por ser el CGPJ un tema de calado político.

Ya en el Pleno que se celebrará desde el martes, el TC estudiará la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir dos manifestaciones --una convocada por La Falange y otra por Alternativa Sindical de Trabajadores-- fijadas para mayo de 2020, durante la primera etapa del estado de alarma debido a la pandemia de la COVID-19.

El pasado mayo, el propio TC avaló la prohibición de otra manifestación en Sevilla en abril de 2020 para priorizar el derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida.

Fuentes jurídicas apuntan que el TC aún debe resolver otro recurso de amparo relativo a una cuarta manifestación, la convocada para el 8 de marzo de 2021, durante la 'tercera ola' de la pandemia. Las mismas advierten de que este caso es diferente por cuanto ya había población vacunada.

Comentarios ofensivos en webs

Por último, de entre los asuntos a analizar por los magistrados esta semana destaca también un recurso presentado por el agregador de noticias Menéame contra una sentencia que le condenaba a indemnizar a un ex concejal del PP en Marbella por los insultos vertidos por usuarios en los comentarios a una información donde se le acusaba de haber hecho un gasto excesivo de dinero público en plena crisis.

Según las citadas fuentes, la ponencia --en manos del magistrado Juan Carlos Campo-- aboga por avalar la sentencia dictada el 2 de junio de 2020 por el Tribunal Supremo (TS), que confirmó la condena a la web al apreciar en los comentarios "meros insultos".

La batalla judicial tiene su origen en una noticia publicada el 5 de noviembre de 2015 en www.meneame.net con el titular: 'El concejal de Fiestas del PP de Marbella gastó 14.600 euros en un teléfono en un mes'. Algunos usuarios comentaron la información incluyendo insultos al concejal en cuestión, Diego López, tales como "este es un hijo de puta", "un ladrón de toda la puta vida" y "ladrón".