El TSJ de Castilla y León da vía libre al Ayuntamiento de Zamora para derribar cuatro viviendas anexas a la muralla

El Ayuntamiento de Zamora procederá en unos meses al derribo de las cuatro viviendas ubicadas en la Avenida de la Feria, del número 43 al 49, justo en la curva de la Bajada de San Martín, para liberar el último tramo de muralla que resta en la zona, tras una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) que falla a favor del Consistorio y en contra de la medida cautelar impuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo de Zamora, después de que una de las empresas excluidas de la licitación para la demolición de los inmuebles acudiera a los tribunales. 

Tras casi dos años de procesos judiciales, el Consistorio podrá demoler los edificios que adquirió a finales de 2021 al levantar el TSJ la medida cautelar que impedía la demolición, aunque el “fondo de la cuestión”, es decir, si la empresa fue bien excluida o no, tendrá que dirimirse en otra sentencia, según explicó el alcalde, Francisco Guarido, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. 

En el caso de que el Juzgado de la razón a la citada empresa, Guarido adelantó que esta recibirá la indemnización que fija la ley, es decir, el 3% del valor del contrato.

No obstante, el alcalde resalta que lo importante es la retirada de esa medida cautelar para poder ejecutar la demolición de unas viviendas que se encuentran en mal estado y que suponen un riesgo para la seguridad de los viandantes. 

Ante esta premura y después de una medida cautelar que data de marzo de 2022, el primer edil espera que la empresa adjudicataria de las obras de demolición de las cuatro casas unifamiliares comience a trabajar a principios de 2024. En relación con la liberación de la muralla medieval, Guarido recordó además que se ha licitado el derribo de una vivienda de tres alturas en la calle Postigo, junto a la iglesia de San Isidoro, tras una expropiación “difícil”. 

Patrimonio

Con estas actuaciones, el alcalde subrayó que el equipo de Gobierno cierra uno de los “objetivos” que se marcó desde su entrada en el Ayuntamiento: poner en valor la muralla de Zamora. 

Tras el levantamiento de la medida cautelar que permite el derribo de las cuatro casas expropiadas por un importe global de 800.000 euros, el Ayuntamiento podrá ejecutar en 2024, asimismo, el ajardinamiento del entorno, una inversión de 800.000 euros financiada con fondos de la UE a través del proyecto Renaturaliza.

El alcalde también informó acerca de otra comunicación del Consejo Consultivo, que desestima el recurso planteado contra la dirección de obra del primer proyecto de construcción del Parque de Bomberos, que finalmente quedó desierto hace un año por abandono de la empresa adjudicataria, aunque en estos momentos el nuevo proyecto ya está colgado en la Plataforma de Contratación. 

El Consejo Consultivo da la razón al Ayuntamiento y estima que ante la retirada de la empresa adjudicataria de las obras, también “cae” la dirección de obra, el mismo planteamiento que se hacía desde el Ayuntamiento, que indemnizó a la dirección de obra con el porcentaje del valor del contrato que fija la ley.

Al margen de este asunto, el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras Urbanas y Participación Ciudadana, Pablo Novo, compareció en la misma rueda de prensa para informar de que las antiguas papeleras que pertenecen al Ayuntamiento y que han aparecido en el vertedero ilegal en el Alto de San Frontis fueron robadas, junto a otro material de desecho, de la nave de la actual empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria. 

Novo aseguró que se ha abierto una investigación para localizar a los causantes del hurto, que han sustraído el hierro de las antiguas papeleras para su posterior venta, y del traslado de estos residuos a una finca particular, cuyo propietario tendrá que proceder a su limpieza. 

Por su parte, el Ayuntamiento procederá a retirar los residuos de parcelas y caminos municipales. Además, el edil avanzó que las papeleras, que están inventariadas y en buen estado, se donarán a los ayuntamientos de la provincia que estén interesados. “Es más económico que se aprovechen en otros municipios que deshacernos de ellas”, remarcó Pablo Novo, que añadió que, ante estos comportamientos incívicos, el Ayuntamiento está programando “campañas informativas” que buscan disuadir de estas conductas.

Junta de Gobierno Local

El alcalde dio cuenta, asimismo, de una modificación en el contrato de Ayuda a Domicilio, que fue aprobado en una Junta de Gobierno Local anterior y con el que se llegará al tope máximo del precio de licitación. Francisco Guarido explicó que en todas las licitaciones hay bajas y lo que se pretende ahora con este cambio es que “esa baja aumente”, dado que la Ayuda a Domicilio es una contratación que se realiza por “unidad: horas, comida y servicio”. 

Esto supone inyectar 120.000 euros a un servicio esencial que supone para las arcas públicas una inversión anual de 3,5 millones de euros para atender a 800 usuarios, casi el triple más desde el año 2015, con un total de 17.550 horas mensuales. 

Es más, el regidor municipal avanzó que si el año que viene es preciso realizar alguna modificación de crédito para incrementar de nuevo la partida para este servicio esencial, “se hará”.