La imprenta del Banco de España busca un despacho de abogados especializado en laboral
Cuenta con un presupuesto de 72.000 euros para mejorar el servicio de asesoramiento jurídico y defensa administrativa
La empresa encargada de la impresión de los billetes del Banco de España, IMBISA, ha manifestado la necesidad de contar con un asesoramiento jurídico especializado en materia jurídico laboral.
El director del Departamento de la Asesoría Jurídica, Raúl Hernández Pardo, ha sido quien ha solicitado que se contrate la prestación del servicio de asesoramiento jurídico especializado tanto en derecho laboral, como en la defensa en vía administrativa ante resoluciones sancionadoras de carácter laboral y la defensa en juicio ante los juzgados y tribunales del orden social.
Insuficiencia de medios
La Asesoría Jurídica de IMBISA, está formada por cuatro personas, de las cuales tres son fijas y una es temporal, que no tienen formación especializada en materia laboral. Lo que quiere decir que, contar con un despacho externo especializado en derecho laboral podría dar soporte para permitir ofrecer un asesoramiento en esta materia con la inmediatez y el rigor que se precisa.
Detalles de la contratación del servicio
En cuanto a la duración de dicho contrato, éste comienza siendo de un año, con la posibilidad de ser prorrogado de manera expresa por periodos sucesivos de 365 días teniendo como límite total los cinco años.
En cuanto a las posibles prórrogas, variaciones y modificaciones previstas, para una duración total de 5 años, el valor aproximado del contrato sería de 318.000 euros, que más el 21% de IVA alcanza un total de 384.780 euros.
Presupuesto del contrato inicial
El presupuesto base de licitación es de 60.000 euros, al que hay que sumarle el 21% de IVA en vigor, por lo que se quedaría finalmente en 72.000 euros.
Por un lado, se destinan 33.000 euros al asesoramiento jurídico especializado en derecho laboral; por otro lado, 24.000 euros son los que corresponden a la defensa jurídica ante juzgados y tribunales de lo social; y, por último, 3.000 euros corresponden a la formulación de recursos en vía administrativa con origen en resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores exclusivamente de carácter laboral.
