El fiscal antidroga Luis Ibáñez ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) la decisión del Gobierno de nombrar a la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado como nueva fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Ibáñez era uno de los tres candidatos que competían con Delgado por esta plaza de nueva creación, a la que también aspiraban Juan Calparsoro, de la Fiscalía de Guipúzcoa, y Carlos Castresana, que ejerce en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pero destacaba por cuanto fue el candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2021.

La Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también sopesaban impugnar este nombramiento, aunque no consta que lo hayan hecho. En cualquier caso, aún están en plazo.

La designación de Delgado se decidió en un tenso Pleno celebrado el pasado 8 de junio que llegaba precedido por la polémica generada por la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de adelantar la reunión, prevista inicialmente para el 19 de junio, para garantizar que los nombramientos se materializasen pese al adelanto electoral al 23 de julio.

Una vez iniciada la reunión, los siete vocales de AF y APIF insistieron en la necesidad de suspender la deliberación y votación de la plaza a la que optaba Delgado para aclarar antes si la también ex ministra de Justicia incurría en causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación destinada a los Derechos Humanos.

García Ortiz lo rechazó, por lo que estos siete vocales decidieron no participar ni en la deliberación ni en la votación de la plaza. Según explicó la AF, esta abstención impidió que la voluntad del Pleno para informar sobre esta propuesta de nombramiento se formara correctamente, por lo que apuntan a una nulidad de pleno derecho.

En contra del Consejo Fiscal 

El jefe del Ministerio Público propuso nombrar a Delgado, pese a que ésta solo recibió los votos de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que pertenecieron tanto él como ella-- y de las dos vocales natas. El otro vocal de la UPF apoyó a Calparsoro.

Finalmente, el Gobierno nombró a Delgado el pasado 13 de junio. Antes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, solicitó un informe a la Abogacía del Estado que indicaba que no tenía margen legal para no elevar la propuesta de García Ortiz a favor de su antecesora en el cargo.

Cabe recordar que el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, también llevó al Supremo el ascenso de Delgado a fiscal de sala de lo militar en esa misma sede judicial, plaza por la que él competía.

Delgado se hizo con el puesto en la Sala de lo Militar del Supremo tras un Pleno celebrado el pasado 22 de septiembre donde la mayoría del Consejo Fiscal apoyó a Rueda, fiscal especialista en lo militar. Con esta propuesta de nombramiento, ratificada posteriormente por el Gobierno, la otrora jefa del Ministerio Público ascendió a la máxima categoría: fiscal de sala.