El fiscal pide 11 años de cárcel para tres directivos por explotación laboral
También reclama una multa de 900.000 euros para la empresa Iqoxe, y que abone más de 13 millones en indemnizaciones a heridos y por daños
La Fiscalía de Tarragona ha reclamado una condena de 11 años de prisión para tres directivos de la empresa Iqoxe por la explosión en su planta de La Canonja el 14 de enero de 2020, en la que murieron tres personas y 13 resultaron heridas, y una multa de 900.000 euros para la empresa, que también será juzgada como persona jurídica.
El fiscal ha presentado su escrito de acusación, después de que la semana pasada la jueza instructora enviara el caso a juicio por los presuntos delitos de tres homicidios imprudentes, lesiones por imprudencia a varios heridos, estragos, daños también por imprudencia, falta de seguridad en la empresa y delito contra los derechos de los trabajadores
El fiscal también reclama una multa de 16.800 euros para cada uno de los acusados: los entonces ceo de Iqoxe, director de la planta de Tarragona y jefe de servicios generales de seguridad y medioambiente de la empresa.
Las familias de los tres fallecidos (dos trabajadores y un vecino) han renunciado a ser indemnizados, mientras que las indemnizaciones que reclama el fiscal por daños materiales y para personas heridas suman en total más de 13 millones de euros, a pagar conjuntamente entre los acusados.
Para las personas que resultaron heridas el fiscal reclama un total de 1.066.869,14 en indemnizaciones, y las que reclama por daños causados por la explosión y su onda expansiva incluyen 39.515 euros para el Ayuntamiento de Tarragona, 22.000 euros para un particular y una suma total de 12.100.881,23 euros por daños en empresas vecinas.
Más producción “a costa de la seguridad”
El fiscal expone en su escrito que la explosión en un reactor de Iqoxe fue "consecuencia de unas inaceptables condiciones de seguridad" y afirma que desde el cambio de titularidad de la planta en 2023, el planteamiento del ceo era conseguir beneficios aumentando la producción y reduciendo gastos.
Lo hizo "incluso a costa de la seguridad y estabilidad de los trabajadores, con una plantilla laboral insuficiente y con pleno conocimiento de la peligrosidad de las sustancias que se utilizaban" al tratarse una empresa dedicada a fabricar productos químicos.
El fiscal ilustra este aumento de producción con el incremento del 200% de producción de polioles que registró la planta de 2015 a 2018, y expone que aumentar la producción "implicaba también el aumento del riesgo debido al correlativo aumento de volumen de las sustancias peligrosas" y afirma que la empresa lo hizo en contra de la normativa, sin comunicarlo a la Generalitat como estaba obligada a hacer, lo que impidió un control externo de este aumento de riesgo.
“Potencia colosal”
La tarde de la explosión, las alarmas sonoras que avisaban de situaciones como el fallo que se produjo a las 18.37 llevaban tiempo apagadas, y las alarmas visuales "no siempre eran percibidas porque otros elementos de la sala de control obstaculizaban su visión y porque los panelistas debían realizar diversas tareas a la vez y esto implicaba que nadie podía estar constantemente pendiente”.
Los trabajadores se dieron cuenta del fallo por un gran silbido procedente de la válvula de seguridad liberadora de presión del reactor, a las 18.40 horas, un sonido "tan potente que resultaba claro" que iba a haber una explosión, que fue instantes después, sin dar tiempo de que los trabajadores buscaran protección o refugio ni se alejaran.
El fiscal describe que la explosión, a la que siguió un incendio, "fue de una potencia colosal": la parte superior del reactor llegó a los 1.000 grados centígrados, fundiéndose la chapa metálica.
El estallido hizo que varias estructuras metálicas salieran despedidas "hasta muy lejos", entre ellas una tapa de acero del reactor, de casi 1.000 kilos y unos dos metros de largo por uno de ancho y seis centímetros de grueso, que salió despedida hasta 2.480 metros de distancia e impactó en un edificio del barrio de Torreforta, por lo que murió la tercera víctima, que estaba en su casa.
Uno de los trabajadores que murió era el jefe de planta, que debería haber salido del trabajo a las 17 horas pero en el momento de la explosión, a las 18.40 horas, estaba en la sala de control despidiéndose de sus compañeros, y el fiscal cree que "debió fallecer casi en el acto por calcinamiento"; a su lado estaba el jefe de turno, que sufrió quemaduras en todo e cuerpo y murió 24 horas después en el hospital.
Iqoxe defiende su gestión
Por su parte, la empresa defiende la gestión en la planta y destaca que hay auditorías que lo avalan, han informado a Europa Press fuentes de la compañía, que también afirman que la gestión se ha basado desde 2014 (al entrar la nueva propiedad) en modernizar las instalaciones productivas y la inversión en tecnología para ser referente como productor de óxido de etileno y proveedor de grandes químicas.
También consideran que el accidente "no fue previsible y alegan que antes y después del accidente se hicieron todos los controles necesarios y exigidos, con los planes de contingencia y protección pertinentes y en vigor.
