Un juzgado de Madrid investigará a un guardia civil que colocó balizas ilegales
La Fiscalía logra el traslado de la causa. El agente confesó haberlas utilizado en una operación contra el narcotráfico
La Fiscalía Antidroga ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz que envíe a los juzgados de Madrid la investigación que se sigue contra un guardia civil que habría revelado a su amante que usó balizas de seguimiento sin autorización legal en una operación contra el narcotráfico.
Así consta en un escrito de la fiscal María Dolores López Salcedo fechado el 29 de septiembre en el que apunta que la investigación que se sigue contra ese agente no constituye un delito de los previstos en el 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por lo que no es competencia de la Audiencia Nacional.
"Procede deducir testimonio de lo relativo a tal actuación presuntamente delictiva (...) y la inhibición al Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno corresponda", apunta, señalando que si bien "las vigilancias e interceptaciones supuestamente ilegales se habrían desarrollado en varios sitios, el lugar donde se habrían planeado y puesto en funcionamiento sería el de la sede de la oficina" del agente.
Cabe recordar que se investiga en la AN al sargento de la Guardia Civil Sergio Bravo por haber confesado a una amiga íntima que colocó balizas de seguimiento de forma ilegal y que presentaba informes sobre vigilancias que nunca se produjeron.
En su declaración, el agente dijo ante el juez que todas las conversaciones que le grabó su amante y en las que confesaba esos ilícitos eran inventadas por él para seguirle la corriente pues suponía que tenía algo que ver con una red de narcotráfico que investigaba.
La fiscal, en su nuevo informe, responde además a la petición de una de las defensas de que se produzca un cambio de investigadores en la pieza de blanqueo donde ha trascendido esta grabación. El Ministerio Público entiende que no procede porque "con independencia de los hechos" que se le atribuyen al agente, "no significa ni que tal conducta deba darse por probada, ni mucho menos puede hacerse extensiva al resto de los miembros de la unidad".
Audios aportados por el amante
Según adelantó 'Economist & Jurist', las grabaciones al sargento perteneciente al Grupo de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid fueron aportadas en el seno de la pieza separada por blanqueo el pasado 20 de junio.
En la transcripción que la defensa hacía de una de esas conversaciones, el agente señalaba en un momento dado a su amiga que una baliza que había colocado "es ilegal". "Yo soy el más ilegal de los ilegales", reconocía para luego apuntar que, incluso, llegaron a grabar interrogatorios a detenidos en los traslados en el propio coche policial.
El escrito de la defensa denunciaba que esas vigilancias sobre los investigados no se efectuaron, y lo acreditaban señalando que mientras las actas ubican a los agentes de ese grupo al que pertenecía el sargento en seguimientos de este caso, "en realidad se encontraban en su unidad realizando gestiones relacionadas con el (caso) 8-M". Y lo acreditaba aportando metadatos de correos electrónicos y de impresoras utilizadas, así como citaciones para testigos firmadas por agentes de esa unidad.
La defensa explicaba que el origen de los audios captados al sargento se encuentra en las grabaciones de la mujer con la que mantuvo una relación sentimental de meses y que, "casualidad inesperada", resultó ser amiga también de uno de los investigados en la AN.
Grabado
Dado que vio que las ilegalidades que le contaba el sargento afectaban a su amigo, y puesto que le había grabado y guardaba conversaciones de Wahtsapp, lo puso en conocimiento de este último y le manifestó que estaba dispuesta a colaborar en la investigación.
La defensa, que envió los audios a Pedraz, consideraba que la causa que se pudiera seguir contra el suboficial de la Guardia Civil no se debería ventilar en la Audiencia Nacional, pero añade que dado que esos informes "falsos" elaborados por los agentes surten efecto en la causa que se sigue en la AN, "la aportación de la prueba de su mendicidad y de las prácticas ilegales (...) resulta un elemento indispensable para la toma de decisiones judiciales" en el procedimiento.
Recordaba además que, incluso antes de que en esa grabación el agente confirmara la existencia de balizas ilegales en vehículos, ya fueron detectadas por "múltiples investigados" y llegó a ser objeto de una querella.
Y añadía que en atestados incluidos en la causa existen "graves incoherencias" tales como afirmar en un acta de vigilancia que una persona era titular de un vehículo cuando no lo fue hasta meses después. "Claramente pone de manifiesto que la vigilancia no se realizó y que su falsa acta se redactó --con suma torpeza-- a posteriori", explicaba.
