Funcionarios

Funcionarios de Justicia andaluces denuncian falta de transparencia en la contratación de la Junta

Aseguran que se han ido detrayendo puestos de trabajo de los concursos de traslado por modificaciones de la relación de puestos

Teodoro García Egea, Juanma Moreno, Juan Marín y José Manuel Villegas firman el pacto de Gobierno para la Junta de Andalucía.
photo_cameraTeodoro García Egea, Juanma Moreno, Juan Marín y José Manuel Villegas firman el pacto de Gobierno para la Junta de Andalucía.

Funcionarios de Justicia de la Junta de Andalucía denuncian que el Gobierno de PP y Ciudadanos han detraído 24 puestos de trabajo de los concursos de méritos convocados en 2018 para los funcionarios de carrera, conocidos como concursos de traslado.

Según ha sabido Confidencial Judicial, estos puestos de trabajo han sido solicitados por decenas de funcionarios, ya que el último se convocó en 2016.

La Junta ha justificado los retrasos por cumplimiento de una resolución administrativa en 14 puestos; modificación de la relación de puestos de trabajo en 9  y cumplimiento de una resolución judicial, en un caso.

La segunda alegación no ha gustado a los funcionarios, y especialmente, según ha sabido ECJ, a los de Justicia. Señalan que esta modificación de la relación de puestos se ha llevado a cabo para "evitar que sean adjudicados a funcionarios con procedimientos transparentes y con méritos previamente determinados".

Aseguran que existe un prejuicio consolidado en la Administración pública andaluza que ha asimilado el Gobierno de Juanma Moreno y según el cual "un funcionario llano no puede desempeñar cargos como las Jefaturas de Servicios".

Sin embargo, los empleados públicos cuestionan duramente este parecer, ya que, señalan, "para eso existe el concurso de méritos, para elegir a los funcionarios que cumplan los requisitos exigidos, y si no hay ninguno, se declara la plaza desierta".

Afirman que, de no revocar estas decisiones, la Junta de Andalucía de PP y C's estaría incumpliendo los requisitos de transparencia acordados por ambos partidos antes de entrar en el Gobierno y con el visto bueno de Vox.

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