Funcionarios

Justicia, Interior y la Comunidad de Madrid se unen en la gestión de las cárceles de la capital

Los tres organismos se unieron en 2014 para crear Delegaciones de Oficinas Judiciales en las cárceles de Soto del Real y Estremera

Centro Penitenciario Madrid V - Soto del Real
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El Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid han firmado un convenio para crear las Delegaciones de Oficinas Judiciales en los Centros Penitenciarios de Madrid I (Alcalá-Meco), Madrid II (Alcalá-Meco Mujeres), Madrid III (Valdemoro), Madrid IV (Navalcarnero) y Madrid VI (Aranjuez).

Según se puede leer en la información recogida en el Boletín Oficial del Estado, entre los tres organismos fueron suscritos, en 2014, varios Convenios de colaboración para el desarrollo de un proyecto piloto de creación de Delegaciones de Oficinas Judiciales en los Centros Penitenciarios de Madrid V (Soto del Real) y Madrid VII (Estremera).

“El alto grado de satisfacción obtenido” ha hecho que las partes manifiesten su interés en ampliar dicha colaboración, con una configuración flexible, que se acomodará a las propias necesidades derivadas de las actividades que se realicen, para “simplificar trámites y evitar en lo posible desplazamientos innecesarios, tanto de las personas privadas de libertad, como de los funcionarios del cuerpo de Auxilio de la Administración de Justicia”.

Colaboración entre entidades

Así, la Administración Penitenciaria pondrá a disposición de la Comunidad de Madrid unas dependencias adecuadas en cada uno de los centros Penitenciarios incluidos en el convenio. Además, asumirá los gastos ordinarios de energía eléctrica, teléfono, climatización, mobiliario y dotación de equipos informáticos - ordenadores, impresoras, fax y fotocopiadoras -, necesarios para el desarrollo de la actividad.

Por su parte, la Comunidad de Madrid asumirá los gastos derivados del pago de las nóminas de los funcionarios/as de la Administración de Justicia, necesarios para el funcionamiento de las delegaciones.

Por su parte, el Ministerio de Justicia se compromete a aprobar la plantilla de personal de la Administración de Justicia que serán destinados a la prestación de servicios en las Delegaciones de las Oficinas Judiciales de los centros penitenciarios, pero el convenio no conlleva obligaciones financieras para el organismo. 

El Ministerio del Interior asumirá los gastos ordinarios de funcionamiento de la dependencia con cargo a su respectivo presupuesto en relación a las obligaciones que contrae según lo dispuesto en la cláusula tercera. 

Según se publica en el B.O.E., las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del mismo, deberán solventarse de mutuo acuerdo de las partes en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento constituida durante los cuatro años que se espera que dure el Convenio. 

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