Pilar Llop se informa de los avances de la inteligencia artificial aplicados a la justicia

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha presidido hoy una reunión de trabajo con la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia para valorar los avances en Inteligencia Artificial (IA) y robotización aplicados a la Justicia en España.

En el encuentro, al que también han asistido el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y el director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, se ha hecho balance del impacto de los proyectos de nuevas tecnologías llevados a cabo por el Ministerio que lidera Pilar Llop en el Servicio Público de Justicia.

Entre los proyectos de IA impulsados por el Ministerio de Justicia se encuentran la anonimización de documentos, con más de 800 usos en el mes de junio; la textualización de vistas, con más de 1.125. 000 desde que se puso en marcha el servicio; la extracción de entidades nominales; o la clasificación documental.

Asimismo, el Ministerio trabaja en el reconocimiento automático de la información en los libros de Registro Civil escaneados, para poderlos procesar automáticamente; la generación de documentos en lectura fácil y lenguaje claro a través de la inteligencia artificial; la tramitación del procedimiento monitorio -reclamaciones judiciales económicas de pequeña cuantía-; o los resúmenes documentales automáticos.

En cuanto a la robotización, se ha hecho balance del proyecto de cancelación de antecedentes penales y la concesión de nacionalidad. Este último, ha permitido pasar de un retraso de hasta cinco años en la concesión de nacionalidades, cumpliendo todos los requisitos, a, como prescribe la ley, concederla en menos de un año.

En total se han implantado cinco procesos de robotización en este trámite, que han realizado más de 2 230 000 operaciones desde su inicio en julio de 2022. Gracias a ello más de 257. 000 personas han podido acceder a este derecho.

La ministra ha destacado el avance conseguido en la Administración de Justicia, entre otras áreas, respecto a la accesibilidad universal de personas con discapacidad, como los proyectos de IA en el ámbito de la lectura fácil, haciendo hincapié en que “una premisa fundamental es que todos estos procedimientos de digitalización relacionados con la Inteligencia Artificial tienen que desarrollarse dentro de un marco ético y del respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales”.

Según Llop, la IA es una herramienta “poderosa y fundamental para afrontar y resolver los nuevos retos que debemos superar, pero debe tener en cuenta los derechos de las personas para que no se convierta en un arma de desigualdad".

Comité de Gobierno de Seguridad y Riesgos

En el encuentro también se han abordado los avances en ciberseguridad. El departamento que dirige Llop ha constituido un nuevo Comité de Gobierno de Seguridad y Riesgos (CGSR) como órgano colegiado que gestionará y coordinará todas las actividades relacionadas con la seguridad del Ministerio en los ámbitos de la administración electrónica, protección de datos personales y protección de la información clasificada. 

Este órgano está previsto en la Política de Seguridad del Ministerio de Justicia (PSMJU), que entró en vigor en junio, y contempla todos los requisitos de la actual normativa aplicable.

Esta misma norma introduce la creación de un Comité de Ciberseguridad de carácter tecnológico, enfocado al ámbito de seguridad de la información y constituido por vocales permanentes y no permanentes, según los asuntos tratados. Entre los miembros no permanentes podrán incorporarse representantes de las fiscalías, magistrados y letrados de la Administración de Justicia. Esto permitirá tomar decisiones consensuadas en relación con los sistemas de información que provee el Ministerio de Justicia.

Esta PSMJU, de aplicación a todo el ámbito del Ministerio, está alineada con las necesidades de la Política de Seguridad de la Administración de Justicia, aprobada en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE).

Esta nueva política de seguridad se adapta a los diversos contextos normativos que le son aplicables, principalmente los relativos a protección de datos personales e información clasificada, alineándose con el Esquema Nacional de Seguridad como marco común de medidas técnicas y organizativas.

Actuaciones en ciberseguridad

En el ámbito de la ciberseguridad, el Ministerio de Justicia ya ha puesto en marcha algunos trabajos y actuaciones para incrementar la protección de la información en todas sus dimensiones.

Así, Justicia ya ha impulsado las obras del Centro de Control, cuya conclusión está prevista para finales de este año. Permitirá, mediante el uso de herramientas avanzadas, la monitorización permanente, a todas horas y durante todos los días del año, de los sistemas, servicios y redes tanto del propio Ministerio como de la Administración de Justicia. 

De este modo se conocerá en todo momento su funcionamiento, pudiendo anticipar degradaciones del servicio y agilizando las posibles respuestas.

Este Centro de Control estará formado por varias salas. Contará con una de operaciones, centro neurálgico de la monitorización del estado de los servicios prestados; otra para el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), donde se incluyen las capacidades de detección y respuesta antes posibles incidentes de ciberseguridad; y una tercera de crisis, para hacer un seguimiento de incidentes especialmente graves.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia mantiene con el Centro Criptológico Nacional (CCN) un convenio de colaboración en materia de seguridad de los sistemas, servicios y redes de la Administración Justicia, que ha reportado importantes beneficios en cuanto al refuerzo y la mejora de la ciberseguridad.

Finalmente, a primeros de año el Ministerio de Justicia creó la Oficina de Gobierno de Seguridad en el seno del Subcomité de Seguridad del CTEAJE. Desde esta oficina se impulsa la mejora continua en materia de ciberseguridad en todas las administraciones prestatarias de la Administración de Justicia.