El abogado del Estado García Monteys consulta a sus superiores si debería pronunciarse sobre los avales del ICF
Argumenta que podría producirse un conflicto de intereses
El abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, no cree que deba tomar partido en la controversia que pretende presentar la Generalitat a través del Institut Català de Finances.
García Monteys ha enviado un escrito a sus superiores en los que consulta si existen causas por las que debería rechazar la elaboración del informe jurídico que le solicitó el tribunal sobre si debe admitirse o no la propuesta de empelar los avales para hacer frente a los 5,4 millones que se reclaman a 34 ex altos cargos y funcionarios de la Administración catalana por los gastos indebidos en la promoción del proyecto del ‘procés’ en el extranjero, según ABC y El País.
La delegada instructora de la causa abierta por la acción exterior de ex altos cargos de la Generalitat le pidió el documento para determinar la suficiencia y legalidad de los avales asegurados con dinero del ICF.
Las dudas provenían de si la Generalitat, supuesta perjudicada por los encausados, puede cubrir posibles responsabilidades contables por el mismo auto.
García Monteys argumenta que puede existir un conflicto de intereses entre lo que pide el Tribunal de Cuentas y el papel que corresponde a la Abogacía del Estado.
En el propio tribunal se estima que la consulta elevada es en realidad un anticipio de la decisión que probablemente tome la Abogacía en el sentido de evitar pronunciarse sobre los avales.
