Señalar a tres años vista: La realidad de los juzgados de lo social en Sevilla
La complejidad de los juicios por despido, invalidez o reclamación de préstamos y la falta de recursos han colapsado el sistema
- “Es normal que se señale a tres años vista”
- Falta de juzgados
- Complejidad de las relaciones laborales
- Mediar, la solución para aligerar la carga
- La justicia tardía llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Nicolás García tiene 53 años y se toma diversas pastillas al día para aliviar sus dolores. En julio de 2023, tras dos operaciones de espalda y ser diagnosticado con ansiedad y depresión, pidió la incapacidad absoluta, pero la Seguridad Social se la denegó. Con la ayuda de su abogado, presentó una demanda en los juzgados de lo social de Sevilla y ahora le han notificado que su juicio se celebrará el 3 de febrero de 2027.
“No veo justo que se señalen juicios a tres años vista”, lamenta el sevillano, que también se encuentra a la espera de que la Junta de Andalucía le dé la tarjeta de movilidad reducida por tener una discapacidad física y psíquica del 53 %.
En 2021, Nicolás pudo obtener la incapacidad permanente total por un problema en la muñeca, que le inhabilitó para realizar sus tareas como repartidor de pan. Después de operársela, recibió dos intervenciones más en la espalda y en el abdomen. Todo ello ha terminado generándole depresión y ansiedad. “Me veo incapacitado para todo”, expresa.
Cuando tomó la decisión de pedir la incapacidad absoluta, que le inhabilitaría para realizar cualquier tipo de trabajo, su médico le trasladó que tenía unas posibilidades muy altas de obtenerla.
Nicolás llevó a la Seguridad Social el informe del traumatólogo de las manos, que concretaba que estaba incapacitado para hacer trabajos manuales, y el del traumatólogo de la espalda, el cual aseguraba que no podía estar más de diez minutos sentado o de pie y que no podía hacer esfuerzos. Sin embargo, la institución le denegó esta incapacidad tanto la primera vez que la pidió, como cuando hizo la reclamación administrativa.
Con toda esta situación encima, Nicolás no tiene más remedio que esperarse tres años más hasta que se celebre el juicio y su lucha no podría terminar allí, pues en caso de denegarse, tendría que recurrir a otras instancias y alargar el procedimiento.
“Es normal que se señale a tres años vista”
Pedro L. Gómez Rueda, el graduado social de Gómez-Falero Abogados que lleva el caso de Nicolás, asegura que señalar juicio para dentro de tres años “es lo normal, no es nada excepcional”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, Juan Antonio Montes, explica que los juicios de despidos pueden ir más rápido, lo que significa un tiempo de espera de dos años o dos años y medio. Es en los asuntos de reclamaciones de cantidad o prestaciones de la Seguridad Social o del SEPE que “tranquilamente” el tiempo se dispara y puede superar los tres años.
“Tengo un juicio para abril de 2027 del cual me notificaron a mediados de septiembre del 2023. Nos vamos a casi cuatro años”, declara el presidente.
Falta de juzgados
Gómez pone de manifiesto que en Sevilla y más concretamente en la jurisdicción social -encargada de juzgar los asuntos por despido o reclamaciones de prestaciones-, faltan juzgados.
A pesar de que a finales de 2022 se crearon dos nuevos en la capital andaluza, que se añadieron a los doce ya operativos, estos “no dan abasto” y continúa existiendo una falta de personal evidente.
Según afirma el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, para este 2024 no se tiene previsto crear ningún juzgado de lo social nuevo en la ciudad.
Complejidad de las relaciones laborales
Una de las causas principales que alarga los juicios es la complejidad que han adquirido tanto la legislación como la relación laboral. Gómez apunta que hace veinte años, los pleitos tardaban quince minutos en resolverse, mientras que ahora muchos no duran menos de una hora.
“Hay muchas partes, subrogaciones de empresa, mucha documentación… Eso provoca que se vayan dilatando los pleitos”, sostiene el graduado social.
Antes, las empresas no necesitaban subcontratar, sino que tenían su propio personal. En la actualidad, cuando se crea un conflicto con un trabajador, no solamente hay que demandar a la empresa subcontratada, sino también a la principal. “Se vuelve tan complejo que a veces no está claro de quién es la responsabilidad”, asegura.
Mediar, la solución para aligerar la carga
El Colegio de Graduados de Sevilla lleva denunciando el colapso “crónico” de los juzgados de lo social mucho tiempo. En un comunicado reciente, celebran que se hayan dado pasos en positivo, como la aprobación del Real Decreto 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
El presidente del Colegio afirma que medidas como la digitalización de los juzgados o fomentar la acumulación de procesos, es decir que en los asuntos que sean iguales vayan las mismas partes se celebre un solo juicio en vez de múltiples, son una buena cuestión.
No obstante, Montes defiende que la solución pasa por "conseguir que no lleguen tantos asuntos en los juzgados". Como bien explica, en la jurisdicción social existe una conciliación previa, de la que se encargan el CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación) y el SERCLA, ambos organismos que dependen de la Junta de Andalucía.
“Si esos organismos tuviesen medios y estuviesen dotados con personal adecuado habría muchas cosas que se solucionarían en vía previa”, afirma.
Otra opción sería hacer una mediación intrajudicial, aunque se haya presentado la demanda, para que una persona neutral intentase que las partes llegaran a un acuerdo antes de celebrarse el juicio.
Cabe recordar, que los casos relativos a reclamaciones a organismos oficiales como la Seguridad Social no se pueden conciliar, sino que tienen que ser resueltos vía sentencia.
La justicia tardía llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite una demanda contra el retraso de la justicia española para que se condene al Estado a indemnizar con 20.000 euros al ciudadano afectado.
El abogado, Daniel Sánchez Bernal, denunció ante el Tribunal Constitucional que a su cliente le habían señalado el juicio sobre un despido supuestamente improcedente a más de tres años vista. Sin embargo, el alto tribunal desestimó su recurso de amparo porque “había una manifiesta inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales”.
En declaraciones a Confidencial Judicial, Bernal afirmó que el “mero hecho de que la demanda se haya admitido a trámite en el TEDH ya da entender que tan manifiesta’ esa inexistencia no es, lo que puede ser un buen varapalo para el propio Tribunal Constitucional”.
