Denuncia contra Ximo Puig y Mónica Oltra por cobrar el paro a pesar de su dimisión
Ha sido presentada por un diputado autonómico, abogado, ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano
La denuncia fue presentada este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la condición de aforado del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras declarar Mónica Oltra en el programa “Salvados” de La Sexta que afirmó estar cobrando el desempleo, en concreto 1.300 euros.
Posibles delitos de prevaricación y malversación
Vicente Fernández, diputado autonómico ahora no adscrito tras abandonar Ciudadanos, que es abogado, presentó rápidamente la denuncia contra los dos, Ximo Puig y Mónica Oltra, por posibles delitos de prevaricación y malversación, puesto que, si se dimite, no se tiene derecho a cobrar el paro, alegando que los altos cargos tienen derecho al paro, cumpliendo los requisitos legales de la prestación de desempleo.
Fernández ha señalado que la legislación excluye de esa prestación a quien abandone voluntariamente el puesto de trabajo, como en su opinión en el caso de Oltra, y ha alertado además de que su cese "posiblemente haya comportado el cobro de una indemnización de tres meses de sueldo íntegro, a la que por su dimisión tampoco tendría derecho".
“Puig ha querido beneficiar a Oltra”
Según expone en la denuncia, pese a la dimisión voluntaria de Oltra, el presidente "de forma no solo irregular" sino "absolutamente contraria a derecho y a sabiendas de ello, muy posiblemente con la intención de beneficiar" a la exvicepresidenta para la obtención de prestación por desempleo, firmó un decreto de cese, "en lugar de aceptar su dimisión".
La consecuencia jurídica de hacerlo de esta forma, señala la denuncia, es que Oltra ha obtenido una prestación por desempleo "a la que legalmente no tendría derecho por dimisión voluntaria", utilizando una vía legal "equivalente a extinguir su relación como alto cargo por decisión del presidente de la Generalitat".
Para el denunciante, estos hechos constituyen, "además de una intolerable desviación de poder", un posible delito de malversación de caudales públicos y uno de prevaricación, por lo que deben ser investigados para su comprobación y averiguación de los responsables.
