La Audiencia Nacional ampara a la fiscal afgana que huyó de los terroristas
La Audiencia Nacional ha dado luz verde para que la fiscal afgana que investigó a terroristas del Estado Islámico y se vio obligada a huir con la llegada de los talibanes a su país obtenga la documentación para que pueda trasladarse a España.
La Sala de lo Contencioso-administrativo ha ordenado al embajador de España en Pakistán que se encargue de conseguir estos documentos para aprobar la solicitud de protección internacional que pidió la fiscal tanto para ella como para su hijo.
Así lo acuerdan los magistrados de la Sección Cuarta en un auto de solicitud de medida cautelar presentada contra la desestimación por silencio administrativo por parte del embajador español.
La Sala explica que la mujer ha justificado que como fiscal de profesión ha intervenido en relevantes procesos en materia de terrorismo internacional y que, como consecuencia de la situación política en Afganistán, ha huido del país a Pakistán ante el temor de ser represaliada por su labor profesional.
Además, el auto añade que el Ministerio Fiscal que ha comparecido en las actuaciones ha aportado un informe policial en el que se pone de relieve la seriedad y verosimilitud del temor manifestado por la demandante y el riesgo real y efectivo de que pudiera ser deportada a Afganistán.
La Sala indica que para la resolución de esta cuestión resulta determinante la Nota de Orientación de ACNUR sobre las necesidades de Protección Internacional de las personas que huyen de Afganistán, de febrero de 2022.
En dicho documento, elaborado a partir de los informes disponibles sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos en ese país, ACNUR sigue haciendo un llamamiento a todos los países para permitir que la población civil que huye de Afganistán pueda ingresar en sus territorios y para garantizar el derecho a solicitar asilo y asegurar el respeto del principio de no devolución en todo momento, al tiempo que hace un llamamiento a los Estados para que registren todas las llegadas de personas que busquen protección internacional y para que emitan prueba documental del registro de todos los afectados.
