Las propuestas del CGPJ para la lucha contra el narcotráfico en Cádiz y Huelva
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado unificar los partidos judiciales de Campo de Gibraltar y crear una nueva sección penal en la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Algeciras para hacer frente a la sobrecarga en la que se encuentran los órganos judiciales de la zona por las causas de narcotráfico.
La comisión permanente del CGPJ así lo ha acordado tras tener conocimiento sobre la situación deficitaria en medios personales y materiales de los juzgados de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y de Ayamonte y Moguer, en Huelva, así como de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Cádiz a partir de un informe del Servicio de Inspección del pasado 8 de abril.
Asimismo, ha dado su visto bueno a las medidas que propone, que llevó a la comisión permanente a reunirse el 18 de abril en Cádiz con los titulares de órganos judiciales de los partidos judiciales afectados, y que tienen como objetivo "paliar la situación en la que se encuentran dichos órganos judiciales como consecuencia de la instrucción de causas complejas de narcotráfico y de la considerable carga de trabajo que soportan", según ha informado el CGPJ en un comunicado.
En términos globales, Inspección advierte de que la situación en la que se encuentra la jurisdicción penal en la provincia de Cádiz es “muy preocupante” en lo que se refiere a los juzgados de primera instancia e instrucción, a lo que se añade la situación deficitaria de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras.
Todo ello se debe a la instrucción de los procedimientos seguidos por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, especialmente los referidos a organizaciones criminales, que causan importantes disfunciones y retrasos, de forma más acusada en los juzgados de primera instancia e instrucción, que tienen competencias civiles, penales y, a menudo, de violencia sobre la mujer y registro civil. Lo mismo ocurre en la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz cuando estos procedimientos llegan a la fase de enjuiciamiento, lo que general un volumen de trabajo que resulta inasumible con las actuales plantillas y estructuras judiciales.
El Servicio de Inspección considera conveniente adoptar de forma urgente “medidas extraordinarias de reorganización de los medios personales y materiales” de las provincias de Cádiz y Huelva con el fin de alcanzar una mayor eficiencia en la instrucción y enjuiciamiento de todos los delitos vinculados al narcotráfico. También recomienda otro tipo de medidas que requieren reformas legislativas, de planta y demarcación y de dotación de agentes externos colaboradores que resultan imprescindibles para el éxito de la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de delitos.
Para ello, Inspección propuso unificar o concentrar los 19 juzgados de primera instancia e instrucción y el de violencia sobre la mujer de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque en 9 juzgados de instrucción, 8 juzgados de primera instancia (de los cuales 2 asumirían el conocimiento de los asuntos de derecho de familia, determinación de la capacidad de las personas, tutelas e internamientos) y 2 juzgados exclusivos en el conocimiento de asuntos relacionados con violencia sobre la mujer.
Respecto a las nuevas sedes judiciales, Inspección propuso crear un nuevo juzgado de primera instancia e inspección en Sanlúcar de Barrameda, otro Moguer de la Frontera y una nueva sección penal, con sede en el Algeciras, en la Audiencia Provincial de Cádiz
También se ha solicitado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que indique las necesidades concretas en relación con la eventual unificación de los partidos judiciales de Cádiz, San Fernando y Puerto Real; del partido judicial de Moguer y limítrofes; y de Chiclana de Frontera y Barbate. Y, una vez se reciba, recabar informe al Servicio de Inspección.
Por otro lado, el CGPJ ha tomado conocimiento de las recomendaciones del informe en materia de corrección de deficiencias y mejoras de los edificios y recursos e interesar a la Junta de Andalucía que provea de los medios físicos adecuados.
El órgano de gobierno de los jueces ha dado traslado de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Interior de la necesidad de elaborar un “plan integral de ampliación y refuerzo de los agentes externos (peritos, interpretes, policía judicial, etc.) que intervienen en las causas penales tramitadas por los juzgados de primera Instancia e Instrucción de las provincias de Cádiz y Huelva", además de las "Comisiones Nacionales y Provinciales de coordinación de la Policía Judicial deberían establecer planes de actuación concretos, así como la coordinación a través de la mesa de coordinación operativa (MECO) en el marco del IV Plan Especial para el Campo de Gibraltar".
