La justicia suspende la explotación de la mina de Aznalcóllar... otra vez
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha desestimado una nueva petición formulada por Ecologistas en Acción, en demanda de suspender cautelarmente la autorización concedida por la Junta de Andalucía a la agrupación empresarial México-Minorbisla para explotar el yacimiento minero de Los Frailes, enclavado en Aznalcóllar, así como otros permisos asociados a la reanudación de la actividad, en el marco del juicio cuyo comienzo tiene fijado dicha instancia judicial para marzo de 2025, al objeto de juzgar a 16 personas por la adjudicación de dichos derechos de explotación.
Así figura en un auto emitido el pasado 5 de octubre por la Sección Tercera de la Audiencia y avanzado por Diario de Sevilla, en el que el tribunal desestima las pretensiones de Ecologistas, explicando que "respecto a las relativas al procedimiento de autorización del Plan Especial de Actuación Minera Los Frailes y al procedimiento de autorización de vertido tramitado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, éstos ya han sido resueltos por la autoridad competente”.
"En cuanto al resto de suspensiones interesadas", el tribunal mantiene "el mismo criterio denegatorio establecido en los distintos autos" dictados al respecto por el Juzgado de Instrucción número tres y la Sección Séptima de la Audiencia, añadiendo "el acuerdo de la Secretaría General de Industria y Minas por el que se desestima la solicitud de la acusación popular de suspensión del procedimiento administrativo de autorización del proyecto y de su plan de restauración, donde se exponen los perjuicios económicos y sociolaborales que podrían producirse con dicha medida suspensiva, haciéndola claramente desproporcionada".
La decisión del tribunal "no es firme" y es susceptible de recurso de súplica, según precisa finalmente este auto que no accede a las pretensiones de los ecologistas.
En total, el cronograma dispuesto para el mencionado juicio comprende 40 días desde el 3 de marzo al 15 de julio de 2025, "sin perjuicio de la facultad del tribunal de suprimir algún día o señalar días adicionales en función del desarrollo del juicio".
Todos los acusados
El auto de apertura de juicio oral se dirigía también contra Juan Manuel Revilla Delgado, secretario de la citada mesa de contratación como jefe del Departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas; y los que fueran miembros de la comisión técnica, siendo en total 16 las personas que afrontan el juicio.
La juez instructora acordaba así la apertura de juicio oral por el caso, después de haber resuelto dos veces el sobreseimiento de la investigación, si bien tras los recursos de apelación contra tales decisiones de archivo, en ambos casos fue ordenada la reapertura de las actuaciones a instancias de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.
Decisión de la Audiencia
La Sección Séptima de la Audiencia también acordó tiempo atrás revocar el auto dictado por la juez instructora, tras la segunda orden de reapertura de la causa, para continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra los entonces nueve encartados; ordenando incluir en el procedimiento abreviado a los miembros de la comisión técnica y a Juan Manuel Revilla Delgado, jefe del Departamento de Ordenación Minera y secretario de la mesa de contratación, sumando así 16 el número final de procesados, como ha sido señalado.
En su auto de apertura de juicio oral, posterior a las dos decisiones de sobreseimiento revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia, la juez instructora señala presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, acordando para "salvaguardar todas las garantías procesales" la condición de responsables civiles respecto a la Junta de Andalucía y los representantes legales de Minorbis, Grupo México y Minera Los Frailes, --la sociedad de propósito específico creada por las dos anteriores para la explotación del complejo minero--; "cifrando los daños y perjuicios ocasionados en 7.195.426 euros".
La denuncia de Emerita
La causa penal, recordémoslo, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998, cuando era explotada por la sociedad Boliden-Apirsa (Andaluza de Piritas S.A.).
Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.
Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.
