La Audiencia de Sevilla condena a dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía por los ERE
El tribunal, que les impone penas de cárcel por prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial, absuelve a otros tres acusados por las ayudas a la empresa Acyco
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a siete años y un día de cárcel al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, y a cuatro años y un día de prisión al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, en la pieza separada del caso ERE por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).
El tribunal, en cambio, ha absuelto a otros tres exaltos cargos de la Junta que fueron enjuiciados y ha impuesto condenas de entre dos y cinco años de prisión a otros cinco acusados ajenos a la Administración autonómica. A todos les aplica la atenuante de dilaciones indebidas.
Así, la Sección Tercena condena al exconsejero de Empleo como autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, y le impone siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante diecisiete años y quince días y que. Por contra, lo absuelve de un delito de tráfico de influencias.
En la sentencia notificada hoy viernes a las partes personadas en el procedimiento, contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Sección Tercera de la Audiencia condena al exdirector general de Trabajo Juan M. como autor de un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación, y le impone cuatro años y un día de cárcel y diez años y un día de inhabilitación absoluta.
De otro lado, el tribunal absuelve al exviceconsejero de Empleo Agustín B. de delitos de prevaricación y falsedad; al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto R. de delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y al exdirector general de IFA-IDEA Miguel Ángel S. de los delitos de malversación y prevaricación de los que fue acusado, declarando asimismo extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal del exdirector general de Trabajo Francisco Javier G. y de otro encausado que fue incluido como 'intruso' -beneficiario de las ayudas pese a no tener relación con la empresa-.
Indemnización a la Junta
De igual modo, la Audiencia condena a un directivo de la mediadora Vitalia a cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que un segundo representante de dicha mediadora es condenado a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación.
En concepto de responsabilidad civil, seis de los siete condenados en esta pieza separada del caso ERE -todos a excepción del exdirector general de Trabajo Juan M.- deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con hasta 3.033.625,84 euros, aunque cada uno de ellos en diferente proporción.
La Audiencia considera probado que, en el año 2003, la presidenta del Consejo de Administración de Acyco decidió iniciar un ERE junto al director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, quien se iba a encargar del control y supervisión de dicho expediente. Así, el 3 de julio de 2003 se presentó ante la Delegación de Empleo en Sevilla la solicitud del ERE por causas productivas y organizativas para la extinción de la relación laboral de 35 trabajadores, actuando en nombre de Acyco su director de Recursos Humanos, que contó con el “asesoramiento” del abogado del bufete que ha sido condenado.
La solicitud del ERE iba acompañada del acta del acuerdo de fecha 2 de julio de 2003 entre trabajadores y empresa y del listado de los 35 trabajadores afectados, incluida la presidenta del Consejo de Administración. El 23 de julio de 2003, el delegado provincial de Empleo dictó una resolución autorizando a Acyco la extinción de 35 contratos laborales por causas productivas y organizativas.
El tribunal indica que, a fin de obtener el respaldo económico de la Junta para sufragar el coste de estas prejubilaciones, la presidenta del Consejo de Administración mantuvo contactos y reuniones junto con el responsable de recursos humanos y el abogado del bufete referido con el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier G., obteniendo de éste la suscripción de un documento de fecha 8 de mayo de 2003 que reflejaba el compromiso adquirido.
Como consecuencia de este compromiso, y tras la autorización del ERE, la Dirección General de Trabajo y Acyco suscribieron el Protocolo de Colaboración de fecha 26 de julio de 2003 para la concesión de ayudas a la prejubilación de los trabajadores. Así, y en virtud de la suscripción de dicho protocolo, la Dirección General de Trabajo se comprometía a sufragar el coste de una póliza cuyo importe de la prima al contado ascendía a 2.832.482,52 euros y coste aplazado de 2.951.413,84 euros, siendo los beneficiarios 36 personas, “entre los que no aparecía” la presidenta del Consejo de Administración “pero sí dos personas que nunca habían pertenecido a Acyco”, ambas ya fallecidas.
La Audiencia subraya que la inclusión de estas dos personas como beneficiarias se debió “exclusivamente” a las relaciones personales que tenían con G., “quien dio la orden para que resultaran beneficiarios de la póliza de seguro colectivo a suscribir”, añadiendo que “la ilegal inclusión de estas dos personas era conocida” por los dos directivos de la mediadora Vitalia condenados y que eran las personas de contacto de Vitalia ante la Dirección General de Trabajo.
Al hilo de ello, el tribunal señala que, en cumplimiento del compromiso adquirido por el entonces director general de Trabajo para el pago de prejubilaciones, se formalizó una primera póliza de renta colectiva con la compañía Personal Life que era financiada “íntegramente” por la Junta a pesar de constar otro tomador y que incluyó finalmente a 35 beneficiarios, entre ellos la presidenta del Consejo de Administración, quien no figuraba en anexo al Protocolo de Colaboración, así como una segunda póliza en la que los beneficiarios son “las dos personas que nunca habían tenido relación laboral con Acyco”.
