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Abogados en Brasil y Madrid deniegan la extradición de un ciudadano brasileño

El hombre, afincado en Madrid desde hace 10 años, había sido investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal.

Audiencia Nacional
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El pasado mes de septiembre, la Policía Judicial, orquestada por la INTERPOL, detenía a H.C.J. a última hora de la tarde en la puerta de su restaurante, debido a una orden de detención y entrega emitida por los juzgados de Salvador de Bahía, por unos hechos que tuvieron lugar en 2003 y que ya habían prescrito.

En España durante más de 10 años

Días antes de la detención, su familia recibió en Brasil una orden de detención y entrega para que el investigado declarase en los juzgados de su país natal. Sin embargo, éste llevaba residiendo en la capital española como propietario de un negocio de hostelería durante más de 10 años.

Pertenencia a banda criminal

Ante la injustificada comparecencia, sus abogados en Brasil se personaron para presentar la documentación acreditativa de la prescripción de los delitos por blanqueo de capitales y de pertenencia a banda criminal.

Sin embargo, debido a un fallo en el sistema de notificación internacional, SIRENE y de coordinación entre la Oficina Central Nacional y la INTERPOL, la orden de extradición seguía en vigor en territorio español, por lo que el H.C.J. fue detenido y puesto a disposición judicial.

El despacho penalista con sede en Madrid, Ospina Abogados, fue el responsable de la asistencia jurídica del detenido, personándose los abogados en la ciudad brasileña para recabar toda la información posible acerca del procedimiento, en colaboración con los abogados brasileños que habían conseguido la suspensión de la orden de extradición en su ciudad natal.

Delitos prescritos

El socio de Ospina Abogados, Juan Gonzalo Ospina, presentó al magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 4 de Madrid, la documentación que acreditaba la suspensión de la orden de detención y entrega en Brasil en base a la prescripción de los delitos por los que su cliente estaba siendo investigado, solicitando su puesta en libertad inmediata y el archivo del procedimiento.

Así fue entendido por la Audiencia Nacional, que decretó el archivo definitivo de las actuaciones y la notificación al servicio de la INTERPOL del cese de la orden de extradición sobre el investigado.

 
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