Fiscales

El fiscal Pedro Rubira no será sancionado por sus declaraciones sobre la Justicia catalana

Alegó en la Audiencia Nacional que la causa sobre Trapero no sería juzgada con “imparcialidad y seriedad” si se enviaba a Cataluña

La fiscal general del Estado, María José Segarra.
photo_cameraLa fiscal general del Estado, María José Segarra.

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira, conocido como uno de los “indomables” del Ministerio Público, no será sancionado por sus declaraciones sobre la Justicia catalana.

Así lo ha podido saber Confidencial Judicial por fuentes de la Fiscalía General del Estado, que han confirmado que el Servicio de Inspección no ha abierto ni tiene previsto abrir expediente a Rubira por sus polémicas palabras.

Otras fuentes del Ministerio Público afirman, sin embargo, que existe una “profunda insatisfacción” hacia Rubira por sus palabras, que a su vez han causado “indignación” en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Polémica

El suceso tuvo lugar el miércoles. La Audiencia Nacional estudiaba la competencia de este órgano para juzgar la causa de José Luis Trapero, acusado de sedición por su papel en el 1-O.

La defensa del exmayor de los Mossos pidió el traslado de la causa a Cataluña, y ante esta petición, Rubira cuestionó la “imparcialidad y serenidad” de los juzgados catalanes en este procedimiento.

La Sala de Gobierno del TSJC emitió a las pocas horas un comunicado tachando de “irresponsable” al fiscal. Enseguida, la propia Fiscalía general del Estado publicó su propia nota descalificando las palabras de Rubira.

Sin embargo, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha matizado la polémica asegurando que Rubira se apoyó en la querella del exfiscal general, José Manuel Maza, quien afirmó que el Tribunal Supremo debía ser el que juzgara los hechos del 1-O para garantizar la “imparcialidad y serenidad” de la causa.

“Indomable”

No es la primera vez que Rubira provoca un escándalo con sus palabras o su actitud.

En 2011, fue sancionado con una multa de 900 euros por una “falta grave de desconsideración” al tener a sus escoltas esperando a la puerta de un pub durante tres horas e increparles cuando le preguntaron por sus planes a la salida.

Mucho antes, en 1996, se le abrió expediente por “irregularidades” junto con los fiscales Ignacio Gordillo, Eduardo Fungairiño y Dolores Márquez de Prado, los “indomables” de la Audiencia Nacional.

Esa apertura de expediente se llevó a cabo, según explicaron en su momento fuentes de la Fiscalía General del Estado, para “dar ejemplo” por las muestras de disconformidad de las que hacían gala estos fiscales con las decisiones del Ministerio Público sobre el caso GAL.

A los pocos meses, Gordillo y Rubira fueron expedientados por permitir que sus alumnos de Derecho calificaran causas en tramitación en la Audiencia Nacional, una falta “muy grave”, para el Servicio de Inspección.

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