La mayoría de los sindicatos cierran un acuerdo con Justicia sobre condiciones laborales y teletrabajo

Los sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia CSIF, STAJ, UGT y CIG han firmado un acuerdo con el Ministerio que dirige Félix Bolaños y que recoge varias de las reivindicaciones de la huelga del año pasado sobre condiciones laborales, teletrabajo y la próxima ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

CCOO, el único sindicato que no se ha adherido, ha rechazado el pacto con Justicia -como ya hizo en abril con el acuerdo para aumentar las retribuciones de los funcionarios porque fue únicamente para los del ámbito del Ministerio y las comunidades que no tenía las competencias transferidas- porque “lejos de mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal de Justicia, acepta recortes de derechos muy importantes y que nos ha costado mucho esfuerzo conseguir y mantener”.

CSIF, por su parte, ha asegurado en un comunicado que este acuerdo “no supone renuncia alguna a seguir reivindicando otras cuestiones” y ha lamentado que CCOO no se haya sumado al consenso sindical.

El sindicato mayoritario ha indicado que la Mesa Sectorial de funcionarios mantuvo una reunión este martes con el Ministerio y el preacuerdo avalado ha quedado a la espera de que se firme el acuerdo oficial que próximamente saldrá publicado en el BOE.

El pacto recoge las seis garantías que los sindicatos exigieron que se respetaran en el proceso de acoplamiento del actual al nuevo modelo de organización de sedes judiciales que vendrá regulado en la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, además de obligar a la Administración a proporcionar los equipos técnicos a los funcionarios para que puedan teletrabajar.

Asimismo, el acuerdo recupera el 50% de reserva de plazas de promoción interna para todos los cuerpos que vienen reguladas en la Oferta de Empleo Público anual.

Por otro lado, CSIF ha señalado que Justicia se ha comprometido, y así consta por escrito, a negociar un real decreto básico de carrera profesional y cuestiones sobre el registro civil durante el primer semestre de 2025. Y de cara al segundo semestre del año que viene, también negociarán la eliminación de grupos de población en funcionarios para unificarlos en uno solo. Para velar por el seguimiento del acuerdo, se prevé la creación de una comisión.