Investigadas supuestas irregularidades en publicidad del Consell de Ximo Puig
Abarca de 2016 a 2019 e incluye la entrevista pagada en ‘The Guardian’ al expresidente
- Posibles delitos contra las Administraciones Públicas
- Agencia Antifraude
- Perjuicio económico a la administración
- Entrevista a Ximo Puig en ‘The Guardian’: 43.000 euros
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia está investigando la publicidad institucional de la Generalitat Valenciana a diversos medios de comunicación desde 2016 a 2019, años en que Ximo Puig era presidente del Gobierno valenciano.
La juez abrió diligencias el pasado mes de julio, según confirman desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Lo hizo tras recibir una denuncia de Fiscalía sobre contratos de promoción institucional en medios de comunicación en el período comprendido en esos cuatro años.
Posibles delitos contra las Administraciones Públicas
La causa investiga posibles delitos contra las Administraciones Públicas en genérico, puesto que por el momento no ha concretado su tipificación.
La Fiscalía, en cambio, dirigió su denuncia contra varias personas físicas de la administración y de empresas relacionadas con la comunicación por cuatro presuntos delitos: delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa agravada; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de malversación, y delito continuado de fraude a la Administración.
Agencia Antifraude
En las diligencias abiertas por el juzgado figura por el momento una única persona investigada. Se trata del director del área de Negociación de una empresa a la que la Generalitat adjudicó un contrato para la gestión de la publicidad institucional. La magistrada aún no lo ha citado a declarar.
Como paso previo, ha acordado recibir declaración a dos peritos de la Agencia Antifraude, autores de un exhaustivo informe sobre diversas facturas que la entidad remitió a la Fiscalía y que ha derivado en esta investigación. La magistrada también ha citado como testigos a dos comerciales de dos periódicos.
De acuerdo con las indagaciones que realizó Anticorrupción, algunas empresas habrían ofertado unos elevados descuentos, muy superiores a los habituales en concursos de otro tipo. La Fiscalía los cifra entre alrededor del 70% y el 90% y cree que eran irreales, con el objetivo de adjudicarse el contrato, y que en algunos casos se causó perjuicio económico a la administración.
Los citados descuentos se habrían aplicado sobre presupuestos inflados artificialmente tras ser pactados con la Generalitat y sin documentación justificativa.
Perjuicio económico a la administración
Anticorrupción considera que las empresas intermediarias tenían intención de lucrarse ilícitamente y sabían que los descuentos eran ficticios o irreales y que no iban a ser finalmente ejecutados.
Así mismo, Anticorrupción cree que presentaban a la Generalitat presupuestos brutos no justificados e hinchados sobre los que se aplicaban los cuestionados descuentos (en lugar de hacerlo sobre las tarifas de los medios o los precios de mercado).
Con todo ello, en lo que la Fiscalía considera una práctica fraudulenta, se habría podido causar a la Generalitat un perjuicio económico que podría alcanzar más de 200.000 euros sobre un análisis de una decena de facturas.
El perjuicio económico extrapolado a los importes ejecutados de uno de los lotes que figura en la investigación podría llegar a los 3,6 millones de euros.
Entrevista a Ximo Puig en ‘The Guardian’: 43.000 euros
La investigación hace especial hincapié en la entrevista a Ximo Puig, que publicó el periódico británico ‘The Guardian’, que fue una entrevista de pago. Fue en noviembre de 2016 con motivo de una feria de turismo en Londres a la que acudió la Generalitat. La encargada de realizársela en un suplemento sobre la Comunidad Valenciana fue The Report Company, una empresa española creadora de contenidos.
En ella, se aprovechaba para ensalzar su figura y 'vender' la Comunidad Valenciana en uno de los caladeros turísticos más importantes, mientras él exponía las grandes propuestas de la legislatura o criticaba al PP por la corrupción. "El Levante feliz resultó ser una gran mentira", afirmaba en una de sus declaraciones.
La Generalitat argumentó en ese momento que no se trataba de una entrevista pagada, pero se acabó demostrando lo contrario: costó 43.000 euros.
