Jueces reprochan que se descargue sobre ellos la gestión de la pandemia tras el estado de alarma

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha criticado este miércoles que "nuevamente" se descargue en los jueces la responsabilidad de decidir sobre las restricciones adoptadas por las autoridades para luchar contra el coronavirus, una vez expire el estado de alarma, reprochando al Gobierno su "omnipotencia" y al Parlamento su "pasividad" y tachando de "incumplidor" al Tribunal Constitucional (TC).

La AJFV ha reaccionado al Decreto-Ley 8/2021 de 4 de mayo por el cual, entre otras cosas, se reforma la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa creando una especie de "recurso de casación exprés" para que el Tribunal Supremo tenga la última palabra cuando los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) o la Audiencia Nacional rechacen las medidas sanitarias adoptadas por las comunidades autónomas y las autoridades estatales para frenar el virus.

La Francisco de Vitoria entiende que es su deber "defender los valores constitucionales y el Estado de Derecho" ante el hecho de que "nuevamente se descarga en los jueces la gestión de un problema de índole nacional grave, como es la pandemia, judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural constitucional", según ha informado en un comunicado.

Ha descrito una situación en la que "la pasividad del Legislativo, la falta de impulso del Ejecutivo y un Tribunal Constitucional incumplidor han obligado a los órganos judiciales a decidir sobre limitaciones de derechos fundamentales a partir de interpretaciones extensivas de normas pensadas para otros supuestos, con el riesgo que eso implica para los derechos fundamentales de la ciudadanía".

Para la AJFV, "el decreto-ley publicado en el día de hoy supone la confirmación de la dejación de funciones del Legislativo, de la omnipotencia del Ejecutivo y de la elusión de responsabilidades de este último a la hora de tomar iniciativas legislativas eficaces".

A su juicio, "supuestos como el de la falta de renovación del CGPJ demuestran la subordinación servil del Legislativo al Ejecutivo", ya que "las cámaras no han sido convocadas para la renovación de los vocales del CGPJ, pese a que el proceso de remisión de candidaturas previsto en la de la Ley Orgánica del Poder Judicial está finalizado".

En la misma línea, ha denunciado que "no se controla la acción del Gobierno", esgrimiendo como ejemplo que "tenemos un estado de alarma de seis meses de duración sin ningún tipo de control parlamentario", que "no se celebra el debate sobre el estado de la nación" y "apenas hay debates sobre política general del país" porque "la única materia de la que se trata es la electoral".

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que, "desde hace unos años, la incapacidad de los miembros del Legislativo para alcanzar acuerdos con grupos parlamentarios distintos a los que forman Gobierno ha llevado a que, ante la ausencia de mayorías absolutas parlamentarias, las Cortes Generales apenas dicten leyes orgánicas, pero tampoco leyes ordinarias".

En concreto, ha reprochado que "la mayoría de las modificaciones legislativas (o, al menos, las más relevantes) se están haciendo por decreto-ley del Gobierno", lo cual --ha apostillado-- "supone una perversión del sistema constitucional que atribuye al Ejecutivo potestad legislativa solo en casos de extrema y urgente necesidad".

"Se ha convertido la excepcionalidad en norma, sustrayendo la actividad legislativa a la soberanía popular", ha dicho, subrayando que, "de hecho, en el caso del Real Decreto-Ley 8/2021 la urgencia y necesidad alegadas son ficticias, ya que el estado de alarma tenía fecha prevista de finalización y las dudas sobre la suficiencia del marco legal existente para afrontar la actual situación de pandemia no son nuevas".