La Comisión Europea insta a España a que regule los ‘lobbies’

La Comisión Europea ha instado a España a aprobar una ley que regule los ‘lobbies’ -o grupos de interés- y que les obligue a inscribirse en un registro público especializado.

Esta es una de las recomendaciones especiales que se desprende del informe anual que elabora el gobierno europeo sobre el Estado de Derechos de los países miembros, y para el cual la Fundación Hay Derecho ha vuelto a contribuir.

La asociación elaboró a principios de este año su diagnóstico dirigido al ente comunitario centrándose en cuatro grandes temas: sistema judicial, marco de lucha contra la corrupción, libertad y pluralismo de los medios de comunicación, y otras cuestiones relacionadas con el sistema de contrapoderes.

Además de los 'lobbies', la Comisión también ha puesto el foco en la transposición de la directiva de 'whistleblowers' y ha tirado de las orejas al Gobierno por no haber creado todavía una Autoridad Estatal Independiente que proteja a los denunciantes de corrupción. Tal y como informó Confidencial Judicial hace unas semanas, el ejecutivo ya superó el plazo establecido por la ley para crearlo y tampoco ha llevado a cabo otras medidas especificadas en la norma como la elaboración de una estrategia contra la corrupción.

El informe también reprocha que haya comunidades autónomas como Baleares en las que se ha cerrado la oficina antifraude y que todavía no se haya revisado la normativa sobre la duración de los procesos judiciales en los casos de corrupción de alto nivel, los cuales se alargan durante años.

Hay Derecho ha criticado que todas estas recomendaciones no están previstas en el Plan Anual Normativo 2024 ni han sido puestas sobre la mesa actualmente por el Gobierno.

La Comisión Europea ha celebrado el acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial y ha subrayado que es importante reformar el sistema de elección de los vocales de acuerdo a los estándares de la Comisión de Venecia.

Sobre la Fiscalía General del Estado, en línea con el esfuerzo por reforzar la independencia del sistema de justicia, la Comisión Europea recomienda a España desvincular al fiscal general del Gobierno.