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Campo reconoce la "falta de confianza" de la ciudadanía en la Justicia

El anteproyecto de la ley de eficiencia de la Justicia ya ha iniciado la fase de audiencia pública

Juan Carlos Campo - comision justicia
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido este miércoles "la falta de confianza" de la ciudadanía en la Justicia, aunque no ha aludido a los motivos, subrayando a renglón seguido que es "obligación" del Gobierno atender las demandas de la sociedad, que ha situado en una administración de justicia más "cercana", "moderna" y "participativa".

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"Desde hace demasiado tiempo se conoce la insatisfacción y la falta de confianza de la ciudadanía con la Justicia", ha dicho, sin mencionar razón alguna, aunque en el marco de la polémica por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva pendiente desde hace dos años, así como por la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos para limitar los nombramientos discrecionales que puede hacer un CGPJ en funciones.

Campo ha defendido que "es obligación de un Gobierno democrático atender las demandas de la sociedad que le ha dado su confianza", apuntando a continuación que "la sociedad demanda una Justicia cercana, comprensible, moderna, sostenible y participativa". "Y en ello estamos, repensando el sistema y desarrollando las normas, las instituciones y los recursos", ha indicado, durante el acto inaugural del Día Europeo de la Mediación, que se celebra este 20 de enero y en el que ha participado de forma telemática.

En este sentido, ha recordado que su Ministerio trabaja en el plan Justicia 2030, cuyo objetivo es reformar la administración de justicia en un horizonte temporal de diez años porque --ha sostenido-- "la reforma de la Justicia no puede estar sometida a la duración de los gobiernos, debe ser un plan a largo plazo y respetado por quien esté en el poder".

Campo ha mencionado como pieza fundamental de este plan el anteproyecto de ley de eficiencia del servicio público de justicia, que "dedica buena parte de su articulado a la regulación tanto de la mediación como de otros métodos de solución de controversias", y ha anunciado que la fase de información y audiencia pública de este borrador comenzará el jueves.

Este anteproyecto de ley, ha explicado, persigue un "doble objetivo": "aumentar la sostenibilidad y reducir la litigiosidad", por un lado, y "promover la cohesión social a través de nuevas fórmulas para solucionar determinadas controversias desde el diálogo y la negociación", por otro.

Se trata, ha contado Campo --aludiendo como ejemplo a los juzgados civiles y mercantiles--, de que un tercero ajeno a las partes en conflicto las ayude a encontrar una solución "más ágil, más eficiente y más satisfactoria", impulsados también por "incentivos económicos y procesales", que no ha precisado.

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