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El Supremo está a salvo: el Gobierno impedirá que se anulen las sentencias del franquismo

Así lo ha transmitido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal

Tribunal Supremo.
photo_cameraTribunal Supremo.

La tarde del miércoles, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se reunió con la consellera del mismo área de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, tras una solicitud del Gobierno autonómico.

Durante el encuentro, que duró un par de horas, Delgado y Capella conversaron sobre la oficina judicial en Cataluña, el sistema de gestión procesal catalán e-justícia y la retirada de algunos recursos del Gobierno central contra leyes autonómicas.

Ley de memoria histórica

Por último, abordaron la futura reforma de la ley de memoria histórica. Capella se ofreció para colaborar en la elaboración de un censo de víctimas y en la creación de un banco de ADN para identificar a los fusilados que se encuentran en fosas comunes.

Además, instó a Delgado a que se agilice la aprobación de la ley para que cuanto antes se anulen las sentencias del franquismo.

El Supremo no se toca

Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Judicial, la ministra le garantizó que sólo se actuaría contra aquellas dictadas por los consejos de guerra entre 1936 y 1939 y por los tribunales de excepción, dejando fuera las del Tribunal Supremo.

ECJ ha sabido que Delgado ha transmitido ya a los dirigentes del CGPJ y a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal que la intención del Gobierno es que la jurisprudencia del TS durante la dictadura de Franco “no se toque”.

Desde 1844

Las razones alegadas por Delgado, que confirman fuentes del Ministerio a este confidencial, es la antigüedad del Supremo, que inició su andadura en la Justicia española en 1844.

Y que tanto durante la segunda mitad del siglo XIX como a lo largo de todo el siglo XX ningún régimen político de tantos como se han sucedido en España ha anulado las sentencias del TS. El Gobierno de Sánchez no tiene intención de ser el primero en hacerlo, por lo que respetará los fallos de los tribunales del Alto Tribunal entre 1939 y 1975, dejándolos fuera de la ley de memoria histórica.

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