Los afectados del “caso Tarajal”, a la espera de que se pronuncie el Constitucional
Una de las víctimas, que tenía 15 años, pide ante la ONU la apertura de un juicio. La instrucción jamás superó la fase de investigación
"Verdad, justicia y reparación" es lo que exigen las víctimas del "caso Tarajal" que diez años más tarde continúan esperando una respuesta por parte de los tribunales españoles. Tanto es así, que mientras el Tribunal Constitucional tramita un recurso de amparo, uno de los supervivientes ha presentado en paralelo una queja ante el Comité contra la Tortura de la ONU.
Ludovic N. tenía solo 15 años cuando varios agentes de la Guardia Civil le golpearon y lanzaron botes de gas lacrimógeno mientras trataba de aferrarse a la frontera marítima entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. Al menos 15 personas murieron, muchas resultaron heridas y otras 23 fueron devueltas aquel 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal en Ceuta, entre los que se encontraba el menor.
"Ha pasado una década y todavía no hay responsables por la muerte y las lesiones de tantas personas. La violencia de aquel día en la frontera continuó en los tribunales, donde tampoco se nos trató como a seres humanos", ha afirmado Ludovic, que ahora vive en Alemania.
No se llevó a cabo ningún juicio
En una rueda de prensa organizada por el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR por sus siglas en inglés), la representante de la organización, Hanaa Hakiki, ha explicado que la Guardia Civil usó material de dispersión contra gente que no se podía mover, pues estaban en pateras en el mar, y las personas heridas no recibieron atención médica.
Este caso fue llevado por un juzgado de Ceuta que no solo no tuvo en cuenta el testimonio de Ludovic o de otros supervivientes, sino que nunca ordenó identificar a las personas que murieron aquel día. Hakiki ha afirmado que fueron las ONG las que tuvieron que extraer el ADN de los cuerpos para informar a los familiares de los fallecidos, pero el Estado español se desentendió de la tarea.
Tras archivar la causa en la fase de instrucción, la Audiencia Provincial de Cádiz tomó el relevo. El abogado de Ludovic, Carsten Gericke, ha lamentado que este magistrado tampoco dejó que declarara como testimonio, quien fue citado para ello pero le cancelaron el mismo día, y volvió a decretar el sobreseimiento de la causa en enero de 2018.
Por su parte, el Tribunal Supremo en última instancia decidió no abrir un juicio por estos hechos. Hakiki ha reivindicado que el alto tribunal nunca les informó de la resolución, de manera que cuando se enteraron, buscando por internet, ya había pasado el plazo para reclamar ante los tribunales europeos.
Queja ante la ONU
Ludovic ha denunciado al estado español en la ONU por múltiples violaciones de la Convención contra la Tortura, con el apoyo del ECCHR.
Gericke ha aseverado que esta es "la última oportunidad para Ludovic de encontrar justicia". A pesar de que la resolución del Comité contra la Tortura no es obligatorio, ha pedido la "reapertura del juicio" y espera que la ONU pueda ejercer presión a España para lograrlo.
Recurso de amparo
La representante jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Elena Muñoz, ha explicado en la rueda de prensa que las ONG personadas como acusación popular en el "caso Tarajal" se habían juntado para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
En junio de 2023 se admitió a trámite y se encuentra en fase de alegaciones, a la espera de la resolución de la corte de garantías.
"Si es favorable se podrá juzgar el caso y, si no, acudiremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que habremos agotado todas las vías nacionales", ha afirmado Muñoz.
