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Caso ERE: el ex director general de Trabajo, condenado a devolver 450.000 euros de ayudas irregulares

La Junta acusó a Juan Márquez y a la asociación de mineros prejubilados de la Faja Pirítica de la desaparición del dinero. El Tribunal de Cuentas ha declarado responsable subsidiaria a la empresa de seguros de los trabajadores

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photo_camera Mineros de la Faja Pirítica protestando frente a la delegación de la Junta en Huelva.

El Tribunal de Cuentas ha dictado una sentencia, a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, en la que condena al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez a reintegrar 446.339 euros tras declararle culpable contable de la pérdida de dicha cantidad de dinero público.

Márquez, histórico dirigente socialista de Lucena del Puerto (Huelva) es uno de los investigados en el caso ERE de la Junta de Andalucía. Relevó en la Dirección General de Trabajo al también imputado Francisco Javier Guerrero, considerado el cabecilla de la trama de corrupción andaluza.

Durante el mandato de Márquez, se cometieron varias irregularidades en el seno de la Dirección: la Guardia Civil ha acreditado que contrató al sobrino de su mujer como técnico de Empleo y que curiosamente, fue este funcionario quien concedió una ayuda a su propia tía meses después. Los agentes también acusan a Márquez de haber dado subvenciones a tres cooperativas vinculadas a la federación que había presidido.

También se le achaca la concesión de falsas ayudas a la empresa minera Faja Pirítica que todavía están siendo investigadas en el juzgado de instrucción número seis de Sevilla y en el Tribunal de Cuentas.

Ayudas sin justificación

En 2009, un año después de llegar a la consejería de Empleo, Márquez autorizó conceder una ayuda de 544.000 euros a la asociación Faja Pirítica para recolocar a mineros prejubilados en el sector.

Se fijaron dos pagos, el primero, de 446.000 euros. Éstos se hicieron un año más tarde, en diciembre de 2010, a la empresa de seguros de prejubilación Uniter, cuyo director era José González Mata, también condenado por el Tribunal de Cuentas. Uniter haría de mediadora para entregar el dinero a la asociación.

Sin embargo, nunca envió a Empleo el expediente de solicitud ni la memoria justificativa. Es decir, según el Alto Tribunal, la ayuda se concedió “sin que mediase finalidad pública e interés social” previa o posterior. Es más, asegura que “hasta el ejercicio 2010 se han otorgado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto”, dando carta de naturaleza a este modo de proceder de la consejería.

Márquez, declarado en rebeldía

La Junta denunció la desaparición del dinero público sin justificación en 2015 y el procedimiento llegó al Tribunal de Cuentas en 2016. El proceso se ha retrasado durante más dos años debido, en parte, a que Márquez y la Faja Pirítica no contestaron a los requerimientos para personarse en la causa, hasta el punto de que fueron declarados en rebeldía tras omitir cualquier tipo de respuesta durante seis meses.

Responsabilidad subsidiaria

La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante exonera a Faja Pirítica de culpabilidad, pero en cambio declara responsable subsidiario a Uniter y a su director, González Mata, que deberá hacer frente al reintegro del dinero si Márquez no puede hacer frente al mismo y deberá pagar las costas del proceso.

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