Pleitos

Imputados dos altos cargos valencianos por falta de protección a sanitarios en la pandemia

Han sido citados a declarar el próximo 3 de diciembre una directora general de la Consellería y el director gerente de Alicante-Hospital General

Hospital General de Alicante
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Carmen López, directora general de Recursos Humanos de la Consellería de Sanidad, y Miguel-Ángel García, director gerente del departamento de salud Alicante-Hospital General, han sido citados a declarar en calidad de investigados el próximo 3 de diciembre, tras una querella por falta de equipos de protección y de test a los profesionales sanitarios.

La querella fue interpuesta por un grupo de abogados, que se personaron en la causa como acusación popular, según ha sabido El Confidencial Judicial.

La querella se presentó inicialmente en Alicante, pero el órgano se inhibió a Valencia, donde está la sede del departamento autonómico. Ahora han sido citados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia.

El hospital de Alicante presenta una de las ‘ratios” de contagio más altas de España, y allí hubo contagios masivos.

La querella hace un repaso cronológico

La querella repasa cronológicamente el inicio de la emergencia sanitaria y las demandas de medidas de prevención. Recuerda que el día 31 de enero, el sindicato CSIF ya reclamó a la Consellería la necesidad de formación y equipos de protección.

En febrero, un informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) concretaba qué protecciones eran necesarias para tratar con los pacientes así como el número de equipos de protección, según la incidencia del virus. Un mes más tarde, el mismo organismo emitió un nuevo dosier con más indicaciones al respecto. En marzo, el Gobierno publicó un documento sobre los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente al Coronavirus.

Sin embargo, todos estos protocolos, al parecer, se mostraron insuficientes. La querella recopila todas las reclamaciones de colectivos sanitarios por la carencia de medios.

 En marzo, el sindicato CESM pidió a la consellera de Sanidad, Ana Barceló,  que rectificara su afirmación de que los médicos se contagiaron «por hacer viajes o ver a familiares» y que suministrara equipos de protección.

 El CSIF, en abril, exigió test masivos al personal para «romper la cadena de contagios». También alzaron la voz los Consejos Generales de Dentistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios. Su diagnóstico era similar: lamentaban la carencia de medios y el riesgo que sufrían.

A principios de abril, con los preocupantes datos sobre la mesa -140 casos confirmados en Alicante (Hospital General) y 682 en cuarentena–, Intersindical reclamó una investigación a la responsable de Recursos Humanos de la Consellería,  ahora investigada, para que analizara lo ocurrido. Solicitaron lo mismo al director gerente.

Ninguna petición de protección fue atendida

Según recoge la querella, ninguna de estas peticiones fue atendida. Las quejas de los sanitarios siguieron produciéndose en masa, tal y como muestra la documentación aportada.

Los querellantes apuntan que los hechos relatados constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores, derecho a la seguridad e higiene en el trabajo.

De momento, la juez ha acordado las dos citaciones anteriores, pero hay toda una serie de diligencias pendientes, como la petición de documentación a la Consellería, que se resolverá tras las dos comparecencias.

Los denunciantes quieren conocer los planes de prevención, el número de equipos de protección disponibles y las comunicaciones entre los diferentes organismos en los peores momentos de la pandemia, entre otras cuestiones.

La consellera de Sanidad, citada como testigo

El discurrir de la causa puede complicar el futuro de la consellera de Sanidad,  Ana Barceló,  a quien reclaman, de entrada, que acuda como testigo a este juzgado. 

Barceló es aforada y, por tanto, sólo puede ser citada como investigada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La querella que se presentó contra ella acumula ya cuatro meses sin respuesta. Existe otro procedimiento contra la delegada del Gobierno, Gloria Calero, el presidente Puig y el alcalde Ribó por hechos similares que tampoco tiene de momento resolución.

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