Presión de jueces y fiscales al Gobierno para que apruebe en el próximo Consejo de Ministros el aumento salarial pactado
Tres asociaciones judiciales y la totalidad de asociaciones fiscales han reclamado al Gobierno que lleve "con urgencia" al Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 23-J el acuerdo alcanzado en mayo en materia de retribuciones.
En un comunicado firmado por las asociaciones que alcanzaron dicho acuerdo retributivo, Francisco de Vitoria (AFJV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesionales e Independiente de Fiscales (APIF), se recuerda al Ejecutivo que ese acuerdo se firmó con la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Justicia, y que recogía por escrito que se obligaba a que el Consejo de Ministros aprobara su contenido. "Lo que no ha ocurrido hasta la fecha", lamentan.
Ahora, y con el adelanto electoral, entienden que la legislatura se acorta y esto "obliga a que el Gobierno de la nación atienda ese compromiso y lo haga con urgencia, para que sus previsiones tengan efectividad en las fechas pactadas”.
Por eso reclaman que con urgencia el Gobierno "atienda los acuerdos que alcanzó en el documento signado el 23 de mayo de 2023, y que lo haga antes de la celebración de las elecciones generales".
"Lo contrario obligará a los firmantes no sólo a exigir ante los tribunales el cumplimiento de un acuerdo claramente vinculante, sino a adoptar las medidas de presión que sean necesarias para asegurar que se atienden los compromisos alcanzados para la mejora tanto de las condiciones profesionales de judicatura y fiscalía como de la administración de justicia", apostillan.
Acuerdo con el Gobierno
Fue en mayo cuando todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --la mayoritaria de los jueces--, llegaron a un acuerdo con los ministerios de Justicia y de Hacienda para evitar la huelga indefinida. Aceptaron así la oferta de 46,7 millones de euros, que se traduce en unos 450 euros más al mes que se aplicarán a toda la carrera.
Ese acuerdo se acabó firmando el 23 de mayo y el aumento salarial representaría un incremento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.
