Los fiscales avalan la decisión del fiscal general para amnistiar la malversación en la causa de 'el procés'

La Junta de Fiscales de Sala ha avalado por 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención la orden dada por el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, de pedir que al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a la malversación, desobediencia y desórdenes públicos por los que fueron condenados los encausados del 'procés', incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Tras más de cinco horas, García Ortiz ha encargado a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal de Sala jefe de lo Penal de la Fiscalía del Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa, que asuman la causa del 'procés' y presenten el informe de la Fiscalía en respuesta a las providencias de 11 de junio de 2024.

García Ortiz ha conseguido el apoyo de su antecesora, Dolores Delgado; el del fiscal ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo; y el del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Han votado en contra de su postura, entre otros, la que fuera fiscal general durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, María José Segarra; y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Delgado ha participado pese a que el Supremo anuló su nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática porque el Gobierno aún no ha ejecutado la sentencia. Por su parte, Isabel Rodríguez Mateo, nueva fiscal de Sala de la Fiscalía Togada en sustitución de Delgado después de que el TS anulara este otro nombramiento de Delgado, no ha podido participar porque aún no ha tomado posesión de su cargo.

La mayoría ha coincidido con el fiscal general en que, tras la entrada en vigor de la ley, "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", lo que incluye la orden nacional de detención activa contra Puigdemont.

Fuentes fiscales han precisado que este martes no se han abordado los debates relativos a otras causas amnistiables, como la de terrorismo que se investiga por 'Tsunami Democràtic' o la del presunto desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del Govern pendiente de sentencia en el Tribunal de Cuentas después de que la consejera delegada preguntase a las partes si debe presentar o no una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).